Preocupa carga de contaminantes autorizada que se vierten en las fuentes naturales de agua

Foto: Pavel Aquino.

Lima, 24 de octubre de 2017.- Anualmente, el sector minero estaría vertiendo aguas residuales autorizadas, con una carga contaminante aproximada de 22 toneladas arsénico en nuestros ríos y quebradas, 44 toneladas de plomo, 11 toneladas de cadmio, 110 toneladas de cobre y más de 331 toneladas de zinc sobre las fuentes de agua como lagunas, ríos y mar. Cabe destacar que estas descargas cumplen con los parámetros legales establecidos en los límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad de agua (ECA-Agua).

Similar situación sucedería con el sector hidrocarburos. En promedio estarían descargando más de 166 kilogramos de arsénico, cuatro toneladas de bario, 16.66 toneladas de hidrocarburos de petróleo, más de 80 kilogramos de plomo y cromo hexavalente. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en alianza estratégica con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y Fundación Avina, presentaron los resultados del estudio denominado Calidad del Agua en el Perú. Retos y aportes para una gestión sostenible en aguas residuales. Este estudio revela el diagnóstico de la calidad del agua en nuestro país, y presenta datos que merecen ser atendidos por las autoridades.

Foto: DAR.

El pasado 20 de octubre, se presentó el referido estudio y contó con la presencia de Cesarina Quintana, Oficial Nacional de Programa Senior – COSUDE, quién precisó que la publicación contribuye con el debate sobre la gestión integral del agua en nuestro país, la cual debería abarcar desde la captación del recurso hasta su disposición final. Subrayó, además, que el documento proporciona insumos importantes para promover políticas “no de mero carácter declarativo, sino de implementación hacia lo que hace falta trabajar en recursos hídricos”. De las 1506 autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas (entre 2009 a 2017), el departamento de Lima cuenta con el mayor número de autorizaciones, caracterizado principalmente por las actividades de saneamiento y minería. Le siguen Cusco y Junín. Y los departamentos con menor número de autorizaciones son Tumbes, Madre de Dios y Amazonas, pero ello no significa que sus ríos y quebradas no sean impactados con aguas residuales, dado que existen graves problemas de informalidad de actividades industriales que vierten aguas residuales sin autorización.

Para Lucía Ruiz, directora de Conservación de WWF, es necesario que el estudio se complemente con información de las actividades informales e ilegales, las cuales emiten aguas residuales sin autorización previa. Un caso representativo sería el contexto de informalidad del departamento de Madre de Dios, pues la minería ilegal vierte elevados índices de metales pesados sobre ríos. “Los impactos de la minería formal no es nada frente a los impactos de la minería ilegal”, agregó.

Otro dato identificado, determina  que entre las actividades que más volumen de agua residual formal tratada vierten sobre el mar, lagunas, quebradas y ríos; la minería ocupa el primer lugar, con 1835.87 hm3 (59%). Le siguen las actividades de saneamiento con 960.89 hm3 (31%).

Sobre la situación de la calidad del agua y el tratamiento de las aguas residuales, Juan Carlos Castro, director de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), enfatizó sobre el compromiso e impulso de programas, instrumentos y políticas sobre la gestión del agua por parte de su institución. Asimismo, resaltó que el informe posee mensajes claves a tener en cuenta, como priorizar el tratamiento y reúso de aguas residuales, pues cubrir el acceso al agua y saneamiento, está íntimamente relacionado con la calidad del agua; e  invertir en sistemas de tratamiento de aguas residuales y recuperación de recursos.

En ese contexto, hizo referencia a la contribución del Decreto Legislativo N° 1285. Para el funcionario de la ANA esta norma  reduciría las brechas de acceso al agua y mejoraría los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Mientras que para Lucía Ruiz de WWF, la norma presenta serios problemas, pues si bien facilita trámites burocráticos, elimina la opinión de la Dirección General de Salud (DIGESA) para empresas de tratamiento de agua residual (PTAR) y amplía el plazo para la adecuación de sus certificaciones ambientales a nueve años. Por lo que para ella, la norma sería  contradictoria con el discurso de promover una gestión adecuada de las aguas residuales.

La alternativa: TRATAMIENTO ADECUADO Y REÚSO

El estudio aborda la política del reúso del agua residual tratada como alternativa para reducir el impacto de la masa de carga contaminante en las cuencas hidrográficas. También identifica los sectores que lideran en ese aspecto, como el minero (61%) y energético (22%), seguido del sector saneamiento. De un análisis integrado del uso, vertimiento y reúso del agua residual tratada, se determinó que entre el periodo de los años 2009-2017, el 96% del agua residual tratada fue vertida a las fuentes de agua, y solo el 4% sirvió para reúso.

Rosanita Tunjar, funcionaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), manifestó que el reúso es la mejor forma de destinar las aguas residuales. En esa línea, Pavel Aquino, autor de la publicación, explicó que una buena alternativa para gestionar las aguas residuales es el reúso, en su modalidad de recirculación de procesos; por lo que se deben promover políticas al respecto.

Aquino alertó que ante la tendencia del reúso para mitigación o control de polvo, es fundamental evaluar la calidad del agua para estos fines, pues tras una revisión a los informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la ANA, le queda claro que es un aspecto que debe dársele también mayor énfasis. “Hay carga de masa  que se está transfiriendo a otro cuerpo receptor y por un efecto acumulativo a largo plazo puede traer problemas serios sobre la calidad del suelo y agua.”

Loreto: Programa de industria responsable

El Gobierno Regional de Loreto viene trabajando un Plan de Desarrollo de Cuenca, donde se considerará el ciclo del agua y la gestión de bosques, así lo informó Juan Carlos Vilca del ARA Loreto.  Señaló que Loreto significa el 30% de las fuentes de agua para el país, por lo que viene trabajando en la conservación de bosques para asegurar la calidad del agua. Cabe señalar, que DAR, en coordinación con el Gobierno Regional de Loreto, viene impulsando  la creación de un programa Industria Responsable, con el objetivo de promover buenas prácticas en la gestión de aguas residuales por parte de las industrias en Loreto.

Foto: DAR.

Finalmente, César Gamboa, director Ejecutivo de DAR, resaltó que documento evidencia la existencia de dos ámbitos para actuar en la gestión de la calidad del agua, siendo importante verificar las aguas residuales devenidas no solo de las actividades formales, sino también e informales. Si el Estado no toma las riendas ante esta situación, es difícil que el privado se autorregule. Por lo tanto, no se logrará, cumplir con las metas definidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030, en materia de calidad de agua, puntualizó. Por ello, recomendó implementar planes y políticas que tengan como eje, la gestión integral, eficiente y responsable del recurso hídrico y aguas residuales.

Nota al editor:

  • El estudio recoge data oficial de las autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas otorgadas por la ANA entre 2009 a 2017, además de Informes Técnicos emitidos por dicha entidad.
  • Las aguas residuales son los líquidos resultantes de las actividades antropogénicas, para deshacerse de ellas, las actividades productivas pueden –una vez tratada– descargarla en las fuentes naturales de agua o reusarla en sus procesos. Previa autorización de la ANA.
  • hm3 (un hectómetro cúbico) = 1 000 000 (un millón de metros cúbicos).