AGA/OGP: Oportunidades para sociedad civil

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) u Open Government Partnership (OGP) es una alianza internacional conformada por más de 70 países, de los cuales diecisiete son de Latinoamérica y el Caribe. Esta iniciativa global tiene como objetivo promover la transparencia, luchar contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública.

Si bien un gobierno abierto a la ciudadanía se relaciona más con un trabajo anticorrupción, es también una oportunidad clave para la gobernanza y, específicamente, en regionales con explotación de recursos naturales, para prevenir y/o reducir conflictos.

Perú ingresa formalmente a la Alianza en 2012 con la aprobación de su Plan de Acción 2012-2014 (R. M. N° 085-2012-PCM), el cual contó con participación de sociedad civil para su elaboración.

Unos de los requisitos para formar parte del AGA/OGP es el involucramiento de sociedad civil. Por ello, en el primer plan de acción, el papel de sociedad civil fue activo, sus representantes integran el “Foro de Gobierno Abierto” –conformado por organizaciones de sociedad civil interesadas en la transparencia y el acceso a la información, entre ellas Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La principal demanda de sociedad civil fue la creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información con autonomía funcional y administrativa, junto con acceso a información socio-ambiental en las industrias extractivas y en los compromisos frente al cambio climático. Asimismo, la participación de las poblaciones más vulnerables a los proyectos extractivos, pueblos indígenas; el aporte de sus necesidades de información es básico en países multiculturales; por ello el AGA/OGP debe promover más su visión en estos procesos.

Si bien la “Autoridad para la Transparencia” es una “realidad” en Perú, esta presenta deficiencias que sociedad civil ha identificado y solicita se mejore:

  • real autonomía de la autoridad, pues es una dirección dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS);
  • sanciones efectivas a los funcionarios que nieguen información a la población y no limitarse a que los entes públicos transmitan sus quejas a un Tribunal –desvinculado a la “Autoridad” y también dependiente al MINJUS–;
  • no vulneración del derecho constitucional de los peruanos a acceder información bajo la excusa de que es secreta, reservada o confidencial, a través de la generación de directivas elaboradas por los sectores públicos, bajo la coordinación de la “Autoridad”;
  • rectificación de plazo en la entrega de información a siete días (tal como lo señala la ley) y no de diez como lo indica el decreto legislativo 1353 que crea esta "Autoridad", finalmente, la eliminación de la facultad que permite a las instituciones públicas -en dichos diez días- informar a la ciudadanía una nueva fecha para la respuesta de las solicitudes de acceso a la información.

Sobre este último punto, existen parámetros en la Constitución Política del Perú sobre qué es secreto, reservado o confidencial. La elaboración de directrices puede ser el caldo de cultivo para avalar y regresar a una etapa secretismo en el sector público que tanto daño hace a la gobernanza del país.

Así como en Perú son muchos los países que presentan estos problemas, no solo en materia de transparencia sino también en la transparencia de la gestión y evaluación ambiental en el sector extractivo. Desde la articulación local, nacional e internacional de la sociedad civil se puede promover un estándar más elevado en acceso a la información vía la Alianza.

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