Lima 15 de diciembre de 2015.- En los últimos años la tasa de deforestación en el Perú se está incrementando, siendo una de las causas la tala ilegal; actividad que vulnera los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de las personas, genera pérdidas al Estado por evasión tributaria y una competencia desleal con las actividades de manejo forestal formales.
Un claro ejemplo de ello es lo sucedido en la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto, donde pese a las constantes denuncias de ingresos de taladores ilegales al territorio comunal, las autoridades regionales y nacionales no realizaron ninguna acción al respecto, lo que fue un aliciente para que los taladores continúen sus actividades, siendo estos últimos sindicados como responsables de la muerte de los líderes indígenas.
Es por ello que el Ejecutivo promulgó los Decretos Legislativos 1237, que modifica varios artículos relacionados a delitos contra los recursos naturales del Código Penal, y el 1220, que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal, en el marco de la Ley N° 30336, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de un conjunto de delitos, entre ellos la tala ilegal.
“Estos DL buscan frenar la tala ilegal en Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, incluyendo además zonas del patrimonio forestal, donde no se han otorgado títulos habilitantes, y que son, precisamente, las áreas en las que se presentan los mayores problemas de pérdida de cobertura forestal”, sostuvo Isabel Gonzales, especialista forestal de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Para la implementación del DL 1220 es necesario establecer acciones coordinadas entre la Policía Nacional del Perú, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. En tanto que para asegurar su implementación se precisa de algunos lineamientos y normas previas por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la suscripción de acuerdos interinstitucionales con la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI); así como contar con un ordenamiento forestal y un sistema de información en tiempo real, que facilite la implementación de esta norma entre otros aspectos.
Sin embargo, propuestas como las de los congresista Carlos Tubino (Proyecto de Ley N° 4917/2015-CR) y Eulogio Amado Romero Rodríguez (Proyecto de Ley N° 5021-2015-CR) que buscan derogar el DL 1220 y suspender por un periodo de cuatro años las acciones de interdicción contra los pequeños extractores forestales, no cuentan con un sustento sólido.
Estas iniciativas de los legisladores, contradicen los compromisos en materia ambiental asumidos por el Perú durante la COP21 realizada en París, Francia; entre los que destaca el rol de protección de nuestros bosques.
Por ello, señala Gonzales, es necesario reforzar los lazos de coordinación entre diversos sectores y niveles del Gobierno, que intervienen en los bosques, implementando un sistema de información con el que se pueda verificar el origen legal de la madera, compromiso adquirido en el marco del TLC con Estados Unidos; contar con un ordenamiento forestal y los inventarios forestales, fortalecer el proceso de descentralización forestal, ya que son las autoridades regionales forestales las que en su mayoría autorizan el aprovechamiento de los bosques, regulan la movilización de los productos del bosque, producen la información, entre otros.
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