Escribe: Isabel Gonzales Icaza.
Los procesos de titulación de tierras en la Amazonía peruana han sido impulsados desde el propio Estado, como parte de la política de liberalización de tierras, o en respuesta a la ocupación de estas, lo que tiene su origen en los problemas socioeconómicos del país.
Las normas que han regulado estos procesos han establecido mecanismos para evitar y/o reducir la afectación de los bosques y tierras forestales en la Amazonía; sin embargo, dicho marco normativo es aún como un rompecabezas por armar: se encuentra en desorden, desintegrado y en su mayoría no se ha cumplido.
Un reciente estudio elaborado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales señala lo enrevesada de la normativa que regula la adjudicación y formalización de predios en la Amazonía, lo que unido a funciones poco claras de las instituciones que intervienen, escasa coordinación y presupuesto, entre otros, dificultan su aplicación.
El efecto más significativo es el aumento de la deforestación, la cual en el año 2012 tuvo un incremento del 76% con respecto al año 2000. Por otro lado, el desarrollo de algunas actividades económicas ha ido variando el patrón de deforestación, habiéndose incrementando en áreas con superficies entre 5 y 50 hectáreas (pasando del 8.91% en 2001 al 22.32% en 2013).
No obstante el contexto actual de cambio climático, y procesos en marcha como la Declaración conjunta de intereses entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania, el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras- 3 y la nueva legislación forestal, coadyuvarán en la ejecución de cambios necesarios para mejorar el régimen de adjudicación de tierras en la Amazonía, que nos lleve a reducir las pérdidas de bosques.
En ese contexto requerimos: integrar y dar coherencia a las normas relacionadas a titulación y adjudicación de tierras; implementar las normas de titulación, enfatizando en el cumplimiento de mecanismos que permitan la salvaguarda de los bosques y tierras forestales; titular tierras de pueblos indígenas pendientes; fortalecer a las instituciones que intervienen en estos procesos con capacidades, presupuestos, claridad de funciones y competencias; y el fomento de actividades compatibles con las características de la Amazonía, entre otros.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el miércoles 16 de setiembre de 2015.