Consulta previa atemporal

Escribe: Harlem Mariño Saavedra.

Desde 2008, se promulgan normas que buscan la adecuada participación ciudadana en procesos de evaluación ambiental de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Pero, de acuerdo al registro de conflictos socioambientales de la Defensoría del Pueblo, el diálogo entre los actores involucrados –Estado, empresa y población– parece no haber funcionado.

Si bien la promulgación de la ley de consulta previa, Ley N° 29785, constituye un medio normativo más para asegurar la participación de las poblaciones indígenas, con territorios a ser impactados directamente por las actividades hidrocarburíferas, hasta el momento persisten los conflictos socioambientales por esta actividad en el país, siendo justamente sus principales causas la poca comunicación efectiva y el débil esfuerzo para involucrar a las comunidades en los procesos de toma de decisión.

Este 29 de agosto termina la concesión de Pluspetrol Norte del Lote 192 (ex 1AB), lo que ha complicado al Gobierno al no haber encontrado hasta hace solo unos días un operador dispuesto a explotar los recursos de ese yacimiento. Esto, quizás en parte, a los fuertes cuestionamientos de las poblaciones indígenas de la zona por los impactos ambientales negativos generados en el medio ambiente que vienen afectando su calidad de vida por más de 40 años, preocupaciones que además el Ejecutivo no ha sabido canalizar a través del diálogo.

Es cierto que el Gobierno ha iniciado ahora un proceso de diálogo con las federaciones indígenas adyacentes al Lote 192 (Feconat, Fediquep, Feconaco y Acodecospat). En setiembre, Pacific Exploration iniciará sus actividades en el lote; sin embargo, hasta el momento solo se ha culminado el proceso de consulta con la Feconat, lo que ha generado una convocatoria a un paro indefinido regional en Loreto.

No podemos esperar resultados distintos al conflicto social, si los procesos de consulta no se cumplen adecuadamente a pesar de estar reiteradamente estipulado en la normativa peruana. Para trabajar hacia el uso responsable y eficiente de nuestros recursos, hay que fomentar la confianza de la población hacia las entidades del Estado y asegurar la transparencia y cumplimiento de los procesos establecidos en la legislación socioambiental del país.

Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el viernes 28 de agosto de 2015.