Escribe: Patricia Patrón Alvarez.
Numerosos conflictos socio-ambientales vienen ocurriendo en el país, sin embargo, no se usan las herramientas preventivas de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Quizás una limitación para ello es que todavía existe la percepción en el sector público y privado de que el planeamiento y la EAE son trámites burocráticos que no ayudarían a las inversiones.
La responsabilidad de aplicar las EAE recae en el sector público, que debe identificar previamente los riesgos ambientales a largo plazo para el desarrollo humano y la inversión privada; problemas estructurales que tienen que ver con vulneración de derechos, pasivos ambientales no remediados, economías ilegales, limitada capacidad de gestión, limitada información sobre el daño ambiental, entre otros.
Siendo el avance de la planificación en nuestro país bastante lento, y donde la inversión privada no se planifica, debe existir un mayor liderazgo de las autoridades ambientales competentes por identificar los temas críticos ambientales que pueden generar daños ambientales graves o pérdidas irreversibles de servicios ecosistémicos, para lo cual pueden aplicar la EAE.
Por ejemplo, cuáles serán los impactos acumulativos del conjunto de proyectos de centrales hidroeléctricas sobre la cuenca del Marañón o sobre la cuenca del Inambari, cuál será el impacto de ese conjunto de proyectos sobre el caudal ecológico de esas cuencas de la Amazonía peruana. Otro ejemplo, es qué riesgos de sostenibilidad social y ambiental se pueden generar a lo largo del litoral peruano si se desarrolla un conjunto de proyectos de exploración sísmica para hidrocarburos.
El rol de las autoridades ambientales es adelantarse a los posibles problemas sociales y ambientales para prevenirlos, con una mirada macro, buscando la coordinación interinstitucional e intergubernamental y los consensos sobre las prioridades que se deben atender. Diseñar EAE rápidas que ayuden a tener un panorama de estos riesgos en ámbitos geográficos que tendrán presión de las inversiones debe ser parte de la agenda pública. El reto está en el cambio de actitud de nuestras autoridades públicas.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el martes 29 de setiembre de 2015.