EAE para identificar implicancias acumulativas en proyectos hidroeléctricos

Escribe: Patricia Patrón Alvarez.

Una de las principales prioridades del Gobierno es la ejecución y promoción de un conjunto de proyectos de centrales hidroeléctricas (CH) en diversas cuencas hidrográficas a nivel nacional, como Marañón o Inambari.

Sin embargo, preocupan los posibles impactos ambientales acumulativos y sinérgicos que puede ocasionar estos proyectos de CH en una misma cuenca hidrográfica. Impactos que se producen a partir de “los efectos sucesivos y/o combinados de una acción, proyecto o actividad cuando se suman a los efectos de otros proyectos existentes, y/o proyectados” como lo explica un reciente manual sobre la gestión de estos impactos de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Como señalan los expertos, un conjunto de proyectos hidroeléctricos en una sola cuenca pueden ocasionar la disminución del caudal de agua, el aumento de la carga de sedimentos producto de una mayor erosión, promover el cambio de uso de la tierra, entro otros.

Asimismo, los impactos sociales relacionados con la pérdida de servicios ecosistémicos que permiten el acceso al agua, alimentación, agricultura, el aprovechamiento de recursos naturales, regulación climática, entre otros, también deben ser considerados sobre todo porque el recurso hídrico es el elemento clave del desarrollo y pueden ser la causa de conflictos socio-ambientales.

El instrumento dentro de la normativa nacional ambiental que exige una evaluación de impactos acumulativos de un conjunto de actividades es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la misma que se aplica a propuestas de políticas, planes y programas (PPP) públicos. En ese sentido, este instrumento bien puede ser aplicado por el sector energía y en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en la planificación de los proyectos hidroeléctricos grandes y pequeños en una cuenca.

La EAE es una herramienta que contribuye a evitar conflictos socio-ambientales y facilitar a los inversionistas el análisis socio-ambiental de aspectos estratégicos necesarios para desarrollar con mayor garantía sus proyectos, por lo que se debe fomentar su aplicación.

Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el lunes 24 de agosto de 2015.