Escribe: Greta Román Clemente.
Del 18 al 20 de agosto, se realizó un intercambio de experiencias sobre control y vigilancia indígena en Guatemala. Este espacio permitió compartir experiencias e iniciativas con organizaciones de Brasil, Ecuador, EE.UU., Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
De las distintas experiencias expuestas queda claro que ante la inacción de los Estados –frente a posibles impactos negativos en territorios indígenas y vulneración de derechos– son los pueblos indígenas quienes se organizan y desarrollan diversas acciones e iniciativas de control y vigilancia, principalmente de vigilancia territorial a fin de cuidar y defender su territorio, incluso entregando sus propias vidas.
Esta forma organizativa indígena para la vigilancia responde ante las amenazas que pueden provenir de actividades extractivas (minería, maderera o de hidrocarburos), megaproyectos de infraestructura, turismo, pastoreo o agricultura a gran escala, invasión del territorio por colonos e incluso la falta de voluntad política de los estados y de institucionalidad indígena; entre otros.
Del intercambio, llamó la atención el modelo guatemalteco de concesiones forestales comunitarias, donde el Estado y los actores vinculados han logrado la articulación de esfuerzos en la defensa del territorio, aprendiendo de las experiencias que las comunidades indígenas han adquirido durante siglos.
Esta experiencia ha creado un clima de confianza y trabajo sinérgico trayendo mutuos beneficios tanto para las comunidades indígenas, que se han fortalecido en su autonomía en la toma de decisiones y gestión sobre sus territorios, como también por parte del Estado que cuenta con un aliado local que coadyuva al control territorial. Además plantea el reto de concientizar y capacitar a los tomadores de decisión en legislación indígena.
En países como el Perú, el reto es dar un paso adelante hacia la articulación de las iniciativas de vigilancia ciudadana –sea indígena o no– con el sistema formal estatal. Sumando esfuerzos con las autoridades locales, regionales y nacionales, y participando activamente en las políticas y decisiones que afectan sus derechos o territorios.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno, el lunes 31 de agosto de 2015.