Camino a promover la formalización de tierras

Escribe: Isabel Gonzales.

El país tiene pendiente titular alrededor de 20 millones de hectáreas de comunidades nativas. De acuerdo con la “Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de selva y ceja de selva”, los títulos de propiedad se otorgan sobre las tierras agropecuarias, mientras que las tierras con características distintas (forestales y de protección) se otorgan a través de contratos de cesión en uso.

Para determinar qué tierras se titulan y cuáles son otorgadas en cesión en uso, se requiere previamente de la “Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor”, que se basa en estudios de suelos, relieve y clima. Dicha clasificación es presentada por los gobiernos regionales y su aprobación corresponde al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). Sin embargo este procedimiento se había convertido en una limitación más para que se formalice la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

El 8 de julio pasado se publicó la Resolución Ministerial N° 355-2015-MINAGRI que aprueba los lineamientos para la elaboración de los estudios de suelos para la clasificación de tierras con fines de titulación de comunidades nativas. Con esta norma se busca agilizar el trámite de titulación de comunidades, estableciendo un procedimiento uniforme, así como pautas más adecuadas para los estudios de suelos correspondientes.

Si bien esta norma contribuye con agilizar la formalización de tierras de comunidades nativas, es apenas un paso de los tantos que deben darse en el país para asegurar la tenencia de la tierra y territorios indígenas.

Por lo pronto, es importante difundir estos lineamientos a los gobiernos regionales y las comunidades con trámites pendientes de titulación, mejorar los mecanismos de coordinación entre los gobiernos regionales y la DGAAA, e involucrar a los representantes de las comunidades para su implementación. Además, se debe fortalecer a la DGAAA y gobiernos regionales con personal, herramientas tecnológicas y presupuesto, así como no perder de vista la formalización de los contratos de cesión en uso aún pendientes en muchas comunidades.

Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el jueves 16 de julio de 2015.