Escribe: Greta Román Clemente.
Los gobiernos regionales, por sus competencias y su calidad de EFAs (Entidades de Fiscalización Ambiental), tienen el deber de desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción, bajo el respaldo de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (art. 8, 10, 53 y otros).
Tal tarea solo puede realizarse articulando acciones tanto con los niveles de gobierno nacional y local, como contando con el apoyo ciudadano a través de la vigilancia y la participación.
Por ello, en la actualidad existen propuestas normativas para que la vigilancia indígena se articule con las acciones de los gobiernos regionales. Entre éstas se encuentran las propuestas de ordenanzas que se vienen discutiendo y analizando en Loreto y en Ucayali, las cuales reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la participación, así como la contribución de su vigilancia en la prevención y mejor control del territorio indígena, acciones que demuestran ser un aporte en la fiscalización ambiental y en la alerta temprana para la prevención o mitigación de impactos.
Frente a derrames de petróleo en Loreto, los pueblos indígenas se organizaron y tomaron acciones, y luego del monitoreo de sus territorios contribuyeron con la identificación de los puntos de contaminación.
En Ucayali, las veedurías forestales, de las comunidades indígenas y sus organizaciones, promueven el buen manejo forestal comunitario. De esta manera, contribuyen con la gobernanza forestal y la mejora de su calidad de vida, a través de adecuadas transacciones comerciales entre comunidades y terceros, además de apoyar al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y otras autoridades en su labor.
Esperamos que estas ordenanzas se materialicen y que la buena disposición de las autoridades regionales, al trabajar de la mano con los pueblos indígenas (que por años han sido excluidos en la toma de decisiones sobre sus territorios), apoye con la gobernanza y sean un paso importante hacia la eficiencia y eficacia de las acciones de administración, evaluación y fiscalización que realizan los gobiernos regionales.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el viernes 21 de agosto de 2015.