Pasivos ambientales en hidrocarburos: ¿quién responde?

Escribe: Harlem Mariño Saavedra.

La Defensoría del Pueblo (DP) presentó su Informe Defensorial N° 171, donde llama a la acción por los más de 4000 pasivos ambientales de alto riesgo identificados en el país. Hasta el momento se registran oficialmente 156 pasivos ambientales por actividades de hidrocarburos, de éstos, 72 serían de alto riesgo. Sin embargo, de acuerdo al Informe de identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos de Perupetro (2002), existirían más de 6000 pozos mal abandonados.

En la normativa vigente, la empresa es responsable de restaurar la zona explotada, en lo posible, a su estado original a través de su Plan de Abandono. Pero, la DP señala que ningún pasivo registrado en el Inventario inicial de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos del OEFA (2014) identifica responsables. Esto implica que, conforme al Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (DS N° 004-2011-EM), la responsabilidad recae en el Estado, estando esto sujeto a su disponibilidad presupuestal (art. 15.2 del reglamento). No obstante, recién con la Ley N°30321, ley que crea el fondo de contingencia para remediación ambiental de mayo 2015, se establece un monto inicial destinado a este fin.

La Ley N°30321 establece que S/.20 millones del presupuesto para este fondo sean transferidos del OEFA al Fondo Nacional del Ambiente (administrador del fondo), a cuenta de lo recaudado por las multas. Para tal efecto, la norma reitera la cobranza coactiva de multas en casos donde las empresas con infracciones probadas no hayan presentado una medida cautelar. Sin embargo, esto ha sido observado por un grupo de empresas ante el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justica de Lima, que determinó la suspensión de 56 procedimientos de ejecución coactiva iniciados por el OEFA.

Con este y otros obstáculos en la regulación ambiental, ¿quién responde entonces por estos pasivos ambientales? El Estado ha sido ineficiente en identificarlos oportunamente, pero esto se ha exacerbado por el continuo debilitamiento de la normativa ambiental y las instituciones fiscalizadoras, lo que reduce el nivel de exigencia ambiental y social a las empresas frente al cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el viernes 6 de agosto de 2015.