Escribe: Iris Olivera Gómez.
Los nuevos estándares que plantea el Banco Mundial se orientan a la estructura normativa de cada país. Entonces, el respeto y garantía de los derechos dependerá de cada país, y la fortaleza de sus instituciones y marco jurídico.
En Perú, desde 2013, –con la excusa de promover las inversiones y el cuestionamiento a la tramitología al momento de obtener permisos para éstas– se aprobaron diversos cambios normativos (Leyes 30230 y 30327, D. S. sectoriales, etc.) que debilitan la institucionalidad y la gestión ambiental. Hecho observado por la sociedad civil, pueblos indígenas e incluso, la Defensoría del Pueblo.
El panorama económico para los siguientes años será de recesión, el Fondo Monetario Internacional redujo nuestra expectativa de crecimiento a 2.4% para 2015. Por ello, preocupa que la salida para fomentar inversiones sea insistir con el debilitamiento.
Mientras tanto, se ha producido un hecho singular e incluso que se podría llamar contracorriente: experiencias en vigilancia indígena, acciones de los pueblos indígenas como parte del control de sus territorios en ejercicio del derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales (art. 15 del Convenio 169 de la OIT). Así, la vigilancia indígena fortalece a las comunidades.
Estas acciones son diversas y se han convertido en importantes aportes para la labor del Estado (por ejemplo, en la identificación de sitios impactados por actividad de hidrocarburos, control de los recursos forestales –con las veedurías–, agentes de protección para pueblos en aislamiento y contacto inicial, etc.). Si bien la vigilancia indígena no sustituye las necesarias acciones del Estado, sí contribuye con su labor.
Frente al debilitamiento de estándares y el contexto futuro se presenta como una oportunidad. Pero, ¿qué hace falta? Reconocimiento de esta tarea, así como la articulación a las estructuras del Estado tanto regionales como nacionales. Existen iniciativas regionales (propuestas de ordenanza en Loreto y Ucayali) así como una propuesta normativa nacional (Proyecto de Ley N° 3937), cuyo debate y discusión es importante para equilibrar y hacer frente al debilitamiento de estándares.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno, el miércoles 4 de noviembre de 2015.