ORAU se reunió con autoridades regionales para compartir experiencias y avances en temas de vigilancia indígena e incidencia política

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Pucallpa, 28 de octubre de 2015.- Con la participación de representantes del Estado, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Marina de Guerra del Perú, líderes y organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil, se desarrolló una reunión con funcionarios de la región Ucayali, para exponer los beneficios que traería la aprobación de una ordenanza regional sobre Vigilancia y Monitoreo Socio Ambiental Indígena y Ciudadano.

Durante la reunión, realizada el 19 de octubre de 2015, en el Hotel Sol del Oriente, Juan Aste, asesor principal de la congresista Verónica Mendoza, señaló que ésta iniciativa es un gran avance para las comunidades nativas, que va permitir proteger y vigilar las zonas o lugares con alto grado de vulnerabilidad y las actividades ilegales que ocasionan los empresarios informales. “Esta iniciativa debe ser tomada en cuenta por las autoridades regionales para que esta propuesta sea reconocida y aprobada por el Consejo Regional de Ucayali; con una ordenanza regional”, manifestó.

A su turno, Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional ADESEP-Ucayali (ORAU) dijo que es de suma importancia la aprobación de la ordenanza regional sobre vigilancia indígena; ya que permitirá articular acciones con las autoridades nacionales, regionales y locales. “Para los pueblos autónomos los bosques, las lagunas, cochas tienen vida; por eso es necesario proteger las tierras ancestrales de mis hermanos, y no vamos a permitir que depreden los bosques de la Amazonía irracionalmente”, puntualizó.

Por otro lado, Santos García Vásquez, coronel de la PNP, indicó que es una excelente idea, que se constituyan redes de participación ciudadana-comunal que la constitución reconoce. “Estos elementos de información y experiencias van a ayudar a prevenir diversos efectos nocivos de extracción que afectan a los pueblos autónomos, y alertar de manera temprana; y que los fiscales cumplan su trabajo de sancionar estos hechos irregulares que se comenten constantemente en las comunidades indígenas, por parte de los maderos ilegales”, sostuvo.

Finalmente, Julio Guisado, Fiscal de la 2° Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), expresó que la propuesta de ordenanza regional es interesante ya que a veces los jefes de las comunidades firman un contrato forestal sin tener conocimiento pleno del documento, y el resultado de eso es que los empresarios dejan a las comunidades con deudas ante Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). “Con esta propuesta, esperemos que el empresario asuma su responsabilidad de las sanciones penales, no a la comunidad. La participación del representante de los pueblos indígenas es muy importante en estos procesos, así como que los hermanos indígenas conozcan cuáles son sus derechos y sus responsabilidades en cuanto a la vigilancia indígena”, acotó.

Cabe señalar que la reunión se desarrolló en el marco de los proyectos “Fortaleciendo la vigilancia indígena”, iniciativa ejecutada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) conjuntamente con ORAU, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), con el apoyo de la Unión Europea; y “Fortaleciendo la vigilancia indígena y su articulación con la estructura estatal”, ejecutado conjuntamente por DAR y ORAU, con el apoyo de Fundación Nacional para la Democracia (NED).

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