En la Carta de Tarapoto -Declaración final del VIII FOSPA-, se incorporaron como propuestas globales “impulsar la vigilancia y monitoreo ambiental participativo desde las organizaciones locales para prevenir las afectaciones de derechos y el incremento de conflictos que genera el extractivismo”,“construir nuevos paradigmas a partir de las propuestas de vida plena, buen vivir, vivir bien, autogobiernos territoriales, etc., que levantan, entre otros, los pueblos originarios amazónicos y andinos”; “exigir a los Estados que las políticas y normas nacionales se adecúen a las leyes internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, amazónicos y andinos”; y “denunciar y luchar contra la corrupción relacionada con el modelo extractivista y los megaproyectos de explotación de la Amazonía y los Andes”, entre otros.
Miércoles 03 de mayo de 2017.- En el marco del Foro Social Panamazónico 2017, que culminó este lunes en la ciudad de Tarapoto, se planteó a la vigilancia integral como una estrategia para la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, siendo esta una de las principales propuestas que presentaron los pueblos indígenas de la cuenca amazónica en el evento sobre Autogobierno Territorial realizado este 29 y 30 de abril último. Este evento fue impulsado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
[Hamner Manihuari, presidente de AIDESEP, habla de la relación entre vigilancia y territorio]
Durante el evento, Claudio Vásquez, de la organización indígena CARE; Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena ORAU; y Hernán Tunqui, monitor ambiental de la organización indígena COMARU presentaron las experiencias de vigilancia indígena en el Perú y pidieron al Estado el reconocimiento legal de la vigilancia indígena.
[Claudio Vasquez cuenta cómo CARE realiza la vigilancia en Junín]
En relación a lo último, cabe resaltar que actualmente se encuentra a la espera de la aprobación del Congreso el “Proyecto de Ley N° 336/2016-CR, para la articulación de la vigilancia y monitoreo socioambiental ciudadano e indígena en el sistema de gestión ambiental” que permitiría la sostenibilidad institucional de la vigilancia, integrando las observaciones y reportes de los vigilantes de manera formal a los sistemas de fiscalización del Estado.
[Edwin Vasquez, coordinador general de COICA: La vigilancia no es una opción nueva, es ancestral y debe garantizarse siendo reconocida por Ley]
De otro lado, se necesita un fondo estatal que dé sostenibilidad económica a estas iniciativas, para ello se cuenta con un mecanismo piloto para la atención de emergencias de la vigilancia ha sido aplicado por cuatro organizaciones indígenas (COMARU, CARE, ORAU y ACODECOSPAT) en coordinación con DAR en el marco del proyecto Fortaleciendo la vigilancia indígena, que se realiza con el apoyo de la Unión Europea.
[Lizardo Cauper presidente de ORAU, habla de la sostenibilidad política y económica de la vigilancia]
Sobre el tema, Iris Olivera, coordinadora del Programa Ecosistemas y Derechos de DAR, señaló: “La vigilancia indígena significa la prevención y alerta de desastres ambientales o violaciones de derechos, así como la expresión de su autonomía comunal. Una alerta temprana de la mano de los vigilantes tiene el potencial de reducir derrames de petróleo, tala, pesca, caza ilegal u otras actividades que afectan el territorio comunal, para hacer posible esto, se requiere la articulación de la vigilancia indígena con el Estado para promover una respuestas rápida y oportuna, así como contar con información relevante para su propia labor. La vigilancia indígena es integral, también se aplica a alertas sobre la salud y educación, o a la seguridad del territorio de la comunidad (por ejemplo, en caso de invasiones), y para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
[Iris Olivera en entrevista en radio Nororiental dando a conocer la importancia de la vigilancia indígena]
Vigilancia para la transparencia en megaproyectos
Durante nuestras actividades en el FOSPA, también se identificó que para evitar conflictos de intereses es necesario conocer información desde la etapa de planificación de una licitación, así como hacer públicos los nombres y perfil de los funcionarios responsables de las mismas.
En la última semana, se aprobó el levantamiento del secreto de las comunicaciones a los miembros del Comité Proseguridad Energética de Proinversión, que condujo la licitación de la concesión del Gasoducto SurPeruano y declaró ganador a Odebrecht Latinvest Perú. Esto como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible (corrupción de funcionarios), en el marco de las revelaciones del caso Lava Jato. Ello muestra la importancia del papel de estos integrantes y el porqué de que su información profesional sea revelada.
Otro aspecto importante a tener en cuenta para la transparencia es que los criterios de evaluación de postores en una licitación necesitan ser transparentados y de acceso al público vía página web de la entidad competente. Así, se fortalece el rol vigilante de todos los peruanos y de aquellas poblaciones cuyos territorios podrían ser impactados o estar superpuestos a obras de gran envergadura, como los pueblos indígenas.
Estos fueron algunos de los temas que DAR presentó dentro del “Taller de preparación para la participación para la participación de comunicadores indígenas en el Foro Social Pan amazónico”, realizado en la Cámara de Comercio de Tarapoto y el Foro Público “Transparencia y vigilancia frente a la corrupción: El rol de la sociedad civil y los medios de comunicación”, eventos organizados por Friedrich Ebert Stiftung y SERVINDI, que contaron además con la participación de Ojo Público y Proética.
Vigilancia y mujeres
Adicionalmente, como parte del FOSPA, la organización nacional de mujeres ONAMIAP, participó con el apoyo de DAR en el Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas y Andinas, presentando para un juicio simbólico las posibles afectaciones a mujeres indígenas que traería el Proyecto de Línea de Transmisión Iquitos – Moyobamba, pues los tendidos de redes eléctricas podrían afectar las chacras de supervivencia de las comunidades, donde las mujeres suelen ser las responsables de la alimentación familiar.
Del mismo modo, el incremento en el consumo de alcohol como consecuencia del mayor ingreso familiar a partir de compensaciones o trabajos de mayor paga redunda en cuadros de violencia familiar que afectan a las mujeres indígenas. Frente a estos posibles impactos, se convierte en vital la vigilancia del avance de este proyecto.
[Talit Layango, de ONAMIAP, comparte su opinión sobre la participación de la mujer en la vigilancia]
En suma, la vigilancia de derechos, de la transparencia y de megaproyectos como el Gasoducto Sur Peruano o el proyecto de Línea de Transmisión Iquitos – Moyobamba, es una condición que contribuye a la adecuada gestión del territorio indígena, convirtiéndose entonces en un pilar para el Autogobierno Territorial, propuesta principal que las organizaciones indígenas llevaron al Foro Social Panamazónico.
Otras entrevistas y notas sobre el FOSPA 2017 – Tarapoto:
– Los movimientos indígenas proponen autonomía territorial en el VIII FOSPA, en La República
– Entrevista a Lizardo Cauper, presidente de ORAU en Programa En Jaque, Antares Radio y TV
– Entrevista a Diego Saavedra, especialista de DAR, en el Noticiero Matutino de Radio Televisión Tropical