Medidas correctivas impuestas por Ley N° 30230 no son suficientes para evitar la contaminación ambiental

Los derrames de enero y febrero de este año lo confirmarían.

  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) lamenta profundamente las catástrofes ambientales ocurridas en Morona (Loreto) y Chiriaco (Amazonas) debido a los derrames de petróleo ocurridos en lo que va de este año y que ponen en riesgo la vida y salud de los pueblos de las zonas impactadas, y que según las últimas noticias afectarían gravemente a la cuenca del Marañon.

 

Lima, 15 de febrero de 2016.- El derrame de petróleo en Morona y Chiriaco –entre otros casos registrados en los últimos meses– evidenciarían los impactos del artículo 19° de la Ley N° 30230, pues no está sirviendo para prevenir la contaminación ambiental ni para que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales.

Dicha ley ha generado que solo primen medidas correctivas y, como en el caso de Amazonas y Loreto, no se dé una sanción debida a las empresas infractoras a pesar de la magnitud de lo ocurrido. Más grave aún, el OEFA señala que solo si se comprueba la afectación a la salud humana, Petroperú podría ser sancionada con 15 000 UIT, lo que equivale a S/ 59 250 000. Sin embargo el procedimiento administrativo correspondiente demorará un largo tiempo para ejecutarse.

De acuerdo a las experiencias previas, como en el derrame ocurrido en Cuninico la medida correctiva solo se aplica en el ámbito del derrame. Por lo que teniendo el oleoducto una antigüedad mayor a los 40 años significa un riesgo latente de nuevos derrames. Es justo que la ciudadanía sepa qué medidas va a tomar la empresa para que no se vuelvan a repetir estos casos y asegurar que la población no será impactada en su salud. Recordemos que lo ocurrió en Cuninico (junio, 2014), la fuga fue equivalente a 2358 barriles de petróleo (99.036 galones), según la resolución del OEFA.

Consideramos que las medidas de contingencia desplegadas no son aún suficientes, ante el peligro inminente que significa este desastre hidrobiológico para las comunidades nativas que dependen de las cuencas afectadas para su vida diaria. Lo más grave es que se trata de PETROPERÚ, una empresa estatal de derecho privado que debería dar el ejemplo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Por ello, creemos que estos hechos son consecuencia directa de mantener un enfoque que busca promover inversiones a costa de debilitar estándares ambientales por considerarse obstáculos al crecimiento económico. Nuevamente se demuestra en los hechos que esta lógica, aunque puede viabilizar nuevos proyectos en el corto plazo –generando puestos de trabajo y renta–, y mediano plazo, trae mayores perjuicios económicos, sociales y ambientales.

DERRAMES EN CUSCO, LORETO Y AMAZONAS

Una vez más estos graves hechos profundizan la desconfianza de las poblaciones locales hacia las actividades extractivas que se desarrollan en sus territorios. Lo ocurrido en Loreto y Amazonas, de no controlarse y seguir avanzando por el Marañon, representaría una amenaza para la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Debido a que los afluentes más importantes del río Marañon son Utcubamba, Crisnejas, Chamaya, Cenepa, Nieva, Santiago, Morona, Pastaza, Huallaga (1.300 km) y el Tigre (600 km).

En una radio local, el presidente de la Orpian-P, Edwin Montenegro, explicó que el agua de la lluvia llevó el petróleo derramado hasta el río Chiriaco y luego al Marañón porque las barreras de protección colocadas por Petroperú se vieron rebasadas ante la crecida de las aguas.

Asimismo, este año se han generado derrames en el marco del Proyecto Gasoducto Sur Peruano, el mismo que ha puesto en riesgo a la población y la Reserva Comunal Mashiguenga.

Cabe resaltar que los daños ambientales ocurridos en Cusco fueron denunciados por los sistemas de vigilancia indígena gestionados por las comunidades y sus organizaciones representativas, demostrando un vez más su importancia y la urgencia de una mayor articulación y reconocimiento por parte del Estado peruano.

DAR reconoce los esfuerzos de los vigilantes y monitores ambientales comunitarios de Consejo Machiguenga del Río Urubamba, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Norte del Perú, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo y de todas las comunidades asentadas en las zonas afectadas.

En ese sentido, es importante que las entidades y empresas del Estado prioricen sus mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y diálogo con la población para evitar conflicto sociales y generar inversiones más sostenibles.

Esto se hace aún más importante en el contexto actual, donde Perú será sede de la VII Conferencia Global 2016 de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) a realizarse 22 al 25 de febrero. Ante ello, los organismos públicos deberían presentar sus propuestas de transparencia ligadas al desarrollo de las industrias extractivas.

Esta conferencia será la oportunidad para que sociedad civil esté alerta y propongan incluir mecanismos de transparencia, y acceso a la información ambiental para las industrias extractivas dentro del EITI, como la publicación información las empresas sobre el cumplimiento de los compromisos de los estudios de impacto ambiental; sus gastos por permisos, licencias y derechos; al igual que los pagos para monitorear, remediar, rehabilitar y mitigar los impactos ambientales de los proyectos, a través de un estándar ambiental en el EITI.

Este estándar también podría incluir información sobre las líneas de base y los procesos de fiscalización ambiental. Medida indispensable si queremos transitar a un verdadero manejo sostenible de nuestros recursos naturales, con participación de las poblaciones más vulnerables.

Agradecemos su difusión.

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