Futuro de la fiscalización ambiental en manos del Tribunal Constitucional

Lima, 11 de agosto de 2017.- Más de 200 millones de soles se devolverían a las empresas mineras de declararse fundada la acción de amparo interpuesta ante el Tribunal Constitucional (TC). En 2015, PERUBAR interpuso dicha acción en contra del Decreto Supremo N° 130 -2013-PCM por el cual se establecen los porcentajes del Aporte por Regulación (APR) minera que recibe el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los cuales financian las actividades de supervisión y fiscalización ambiental.

A dicha cifra se llegaría, en el supuesto de que un fallo favorable a PERUBAR cause un efecto multiplicador en otras empresas para interponer acciones legales similares, argumentando este precedente. Este monto se duplicaría si otros sectores como el de hidrocarburos y el de electricidad, repiten la misma práctica. De esta manera, el TC tiene en sus manos la responsabilidad del futuro de la fiscalización ambiental.

Ingresos recaudados (2014, 2015, 2016 y 2017)

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
(*) Corresponde a la recaudación al mes de mayo 2017

Sociedad civil ha manifestado, en varias oportunidades, su alarma ante un debilitamiento de la institucionalidad en materia de fiscalización. En ese sentido, el pasado 10 de agosto, la Confederación Nacional Agraria (CNA), CooperAcción, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la RED MUQUI; organizaron el evento “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”.

Henry Carhuatocto, presidente de IDLADS, manifestó que el APR es legal y que, contrario a lo que algunos argumentan, no se ha generado un nuevo pago a las empresas. También indicó que al realizar el OEFA una labor de regulador social, a través de su fiscalización, monitoreo y supervisión, le corresponde recibir el APR minero.

Por su parte, Vanessa Cueto, presidenta de DAR, señaló la importancia de fortalecer a la OEFA y a las instituciones ambientales, teniendo en cuenta que según la Defensoría del Pueblo, los conflictos socio-ambientales ocuparon el 73,4% (130 casos) del total de conflictos registrados en el mes de julio. La batalla del APR minero viene de larga data, iniciada por procesos administrativos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y a través de procesos judiciales, los cuales han dado la razón al OEFA. En ese sentido, DAR ha presentado un Amicus Curiae (informe técnico) al Tribunal Constitucional para sustentar la legalidad y constitucionalidad del aporte por regulación.

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) recalcó la importancia de que se realice una adecuada fiscalización ambiental en el país, puesto que los más perjudicados son las poblaciones locales, como comunidades campesinas y nativas. Asimismo, solicitó al Estado que cumpla y fortalezca la fiscalización ambiental.

El secretario ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, precisó que si bien aún existen debilidades y poco presupuesto para la fiscalización ambiental en el país, quitar el APR al OEFA generaría mayor debilitamiento ambiental. Paul Maquet, representante de CooperAcción, agregó que la demanda de PERUBAR está enfocada en desfinanciar al OEFA y que no solo se trataría del APR sino de un proceso de debilitamiento ambiental: “Mayor regulación ambiental significa menor costo ambiental, social y económico para las poblaciones y empresas mineras”.

Por ello, las organizaciones presentes solicitaron al Tribunal Constitucional considere los fundamentos expuestos por sociedad civil en defensa del APR y la fiscalización ambiental.