EITI: Informes nacionales serán a nivel de proyecto

Reunión del Consejo Internacional (Board) del EITI, edición N° 36. Foto: EITI/Flickr.

  • Azerbaiyán es suspendido tras su proceso de validación del estándar EITI.
  • Reunidos en Bogotá, sociedad civil de la región continúa con su demanda por información socio-ambiental.

Bogotá 17 de marzo de 2017.- Después de 4 años de negociaciones, se hizo efectivo el cumplimiento del requisito 4.7 (Grado de desglose) del estándar de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés). Los informes de los países implementadores del EITI publicarán datos por proyecto, a más tardar con la publicación del reporte referido al año fiscal 2018. Esta fue una de las decisiones con las que se concluyó la 36ª  Reunión del Consejo Internacional del EITI, realizada en Colombia.

Esta nueva obligación de informar por proyecto y no por empresa –con una adecuada difusión– será útil para las comunidades, en cuyos territorios se realizan o están próximos a actividades extractivas. Además, permitirá hacer contrapeso a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de derogar la Ley Dodd Franck. La Secretaria Internacional del EITI deberá asegurarse de identificar qué países cuentan con información organizada por proyecto o  los pagos que ya están por proyecto, a fin de hacer seguimiento a este acuerdo. De igual modo, los Grupos Multipartícipes (MSG, en inglés) de los países implementadores deberán iniciar la discusión interna para cumplir este requisito.

Otra decisión importante, fue la suspensión de Azerbaiyán, luego de la revisión final de su segundo proceso de validación (iniciado el 1 de julio de 2016). En la 35ª Reunión del Consejo del EITI de octubre de 2016, se acordó que Azerbaiyán había logrado avances significativos con mejoras considerables en varios requisitos. Pero, también se determinó que no había logrado progresos satisfactorios en el requisito 1.3 sobre el compromiso de la sociedad civil, por lo que se le plantearon medidas correctivas.

En Colombia, el Consejo Internacional dispuso que dicho país no cumplió con un protocolo que asegure un entorno legal y operativo propicio para la sociedad civil que participa sustancialmente en el proceso del EITI. Específicamente, no se han incluido enmiendas legales y regulatorias suficientes para que sociedad civil pueda realizar su labor de vigilancia, sin problemas, lo cual infringe los principios de la iniciativa al ser un requisito de salvaguardas fundamental.

El Consejo esperaba que con la medida, el Gobierno de Azerbaiyán emprendería las reformas necesarias para la implementación del EITI.  Lamentablemente, el 12 de marzo el Gobierno informó su retiro de la iniciativa, al no estar de acuerdo con la suspensión, indicando que obtuvo varios progresos en la implementación del estándar.

Desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) hacemos un llamado para que el Gobierno de Azerbaiyán asegure las medidas necesarias para el resguardo de los representantes de sociedad civil de su MSG: sin persecuciones ni se ponga en peligro la vida a sus actores. Las reuniones del Consejo Internacional del EITI se realizaron del 8 al 9 de marzo, en la ciudad de Bogotá.

EITI Ambiental: continúa la demanda

Como antesala a las reuniones del EITI, el 6 al 7 de marzo, también en Colombia, la sociedad civil de la región se congregó en el XIII Foro Latinoamericano sobre las Industrias Extractivas de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE). El evento también contó con la presencia de representantes de sociedad civil del Consejo Internacional de EITI y de MSG de la región.

El panel “La agenda de la transparencia y la participación en el contexto actual: encuadrando la discusión” contó con la participación de César Gamboa, director Ejecutivo de DAR y representante ante al Consejo Internacional del EITI por sociedad civil. Precisó que en el presente proceso de flexibilización de la normativa socio-ambiental en Latinoamérica y el Caribe, debe colocarse en la agenda pública el derecho al  territorio al igual que el derecho a la consulta.

César Gamboa, director ejecutivo de DAR. (Foto: DAR)

El Foro fue un espacio para continuar con la demanda de sociedad civil por un EITI Ambiental. La transparencia socio-ambiental es una la demanda local, regional y global de la sociedad civil y de poblaciones que viven en los ámbitos donde se realizan actividades extractivas; por ello, los reportes nacionales EITI deberían incluir compromisos concretos para la divulgación de esta información.

En ese sentido, en una reunión de trabajo entre representantes de organizaciones de sociedad civil pertenecientes a los MSG de Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana, donde participó sociedad civil del Consejo Internacional del EITI, se elaboró un comunicado exigiendo a sus gobiernos la transparencia socio-ambiental dentro de sus procesos nacionales. El Pronunciamiento contó con el respaldo de otras organizaciones de la región, recabándose más de 40 adhesiones.

Sociedad civil y miembros del Board y MSG del EITI. (Foto: DAR)

Ana Carolina González, representante de sociedad civil del Consejo Internacional del EITI, hizo mención de este documento en 36ª Reunión del Consejo, recibiendo el apoyo de otros representantes. Como resultado se logró el compromiso, por parte de la Secretariado Internacional de EITI, de elaborar una guía de referencia que contenga data con todos los países que ya están avanzando en la inclusión de este tema y cómo lo están haciendo, a modo de modelo para los países que deseen incorporar información socio-ambiental en sus informes.

Frente a los casos de persecución a defensores y defensoras ambientales y los crecientes casos de conflictos socio-ambientales, es necesario seguir promoviendo la más amplia transparencia y la rendición de cuentas en las industrias extractivas. Aprovechar espacios como el EITI, la Alianza para el Gobierno Abierto y el Acuerdo Regional para el Principio 10 constituyen herramientas preventivas que además contribuyen con generar una mejor gobernanza de los recursos naturales y el respeto de los derechos humanos.