¿En la recta final? Próxima semana se definiría el futuro del Principio 10

Nov 23, 2017 | Comunidad Informativa, Energía Sostenible, Noticias, Principio 10, Transparencia

Sociedad civil de la región demanda acceso a información socio-ambiental.

  • Sociedad civil de América Latina y el Caribe hace un llamado a los Gobiernos para fortalecer los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
  • Convocan a la ciudadanía a sumarse a petitorio.

Lima, 23 de noviembre 2017.- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) integra el colectivo de sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe quienes de la mano con el Mecanismo Público Regional,  se encuentran en la recolección de adhesiones personales para mandar un mensaje claro a los representantes de los 24 países que negocian el Acuerdo Regional en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental.

El petitorio pretende que los Gobiernos escuchen la voz de la ciudadanía que demanda un acuerdo legalmente vinculante. Con ello, dar el mensaje de que el ciudadano de a pie es consciente de sus derechos de acceso en materia ambiental. Tras siete Reuniones de Negociación, los resultados no se muestran muy alentadores, sino más bien regresivos a lo ya logrado como región.

Por ello es importante que quienes negocien este Acuerdo aseguren la implementación efectiva de los derechos de acceso. De esta manera, se generen las condiciones para el desarrollo sostenible, la reducción de la conflictividad socio-ambiental de nuestros países y la protección de los defensores ambientales, a través de un documento vinculante, pero con altos estándares.

En ese sentido es vital que cada uno de los 24 países que participan en esta negociación comunique su voluntad de tener un robusto acuerdo vinculante. Este petitorio será entregado al inicio de la Octava Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a desarrollarse del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, en Chile.

A la fecha la petición cuentan con más de 650 firmas. ¡Aumentemos la cifra! Demostremos que estos temas no son ajenos al interés de la ciudanía para lograr un convenio internacional vinculante con impactos relevantes en las políticas públicas ambientales y el abordaje de los asuntos ambientales y los derechos humanos.

También puedes incidir en el convenio registrándose en el Mecanismo Público  RegionalDAR realiza el seguimiento de al proceso por lo que es fundamental el involucramiento de más actores, público, privados y población en general, especialmente población vulnerable.

En diciembre del año pasado, DAR lanzó su campaña Por un #Principio10 vinculante, la cual recoge la postura regional sobre el Acuerdo y nuestras propuestasAdemás, asistirá en lo que se espera será la última reunión de negociación.

Más información sobre el petitorio aquí.


Alerta desde el Sistema Interamericano

En marzo pasado, DAR participó en la Audiencia Pública Temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América Latina y el Caribe”, en ella, el relator especial para la Libertar de Expresión, Edison Lanza, expresó su preocupación de que las negociaciones puedan consolidar estándares inferiores a los del sistema interamericano en materia de acceso de la información y participación.

Sería valioso que desde la coordinación de la CEPAL con la CIDH se invite y tome en cuenta las opiniones y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, con el fin de asegurar no se debiliten los estándares correspondientes a los derechos en negociación y se mejore la realidad actual de estos en la región.

Creemos que el esfuerzo depositado en los últimos tres años por Gobiernos y sociedad civil debe aterrizar en un Acuerdo que fortalezca los derechos enmarcados en el Principio 10 de la Declaración de Río.


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