No podemos retroceder con lo avanzado en transparencia y acceso a la información

Ene 25, 2017 | EITI, Energía Sostenible, Eventos, Noticias, Principio 10, Transparencia

Miércoles, 25 de enero de 2017.- Tras la publicación del Decreto Legislativo N° 1353, una de las preocupaciones de sociedad civil es la modificación de la institucionalidad en transparencia y acceso a la información alcanzada en 14 años tras la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley N° 27806).  Se crea una supuesta “Autoridad para la Transparencia” cuando en realidad es una dirección dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), sin el nivel requerido ni la capacidad para poder fiscalizar, sancionar y dirigir la política de transparencia en el Estado.

Asimismo, alerta la variación de 7 a 10 días hábiles para la entrega de la información en copias simples (lo que sería dos semanas en la práctica). El estudio de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), mostraba que ya había un avance en este aspecto, salvo los gobiernos regionales, 31 organismos vinculados al sector extractivo y al cambio climático cumplían en promedio en responder en 5 días hábiles con los pedidos de información según la ley.

(DER-IZQ) Juan Ccoyllo, Alex León y Victoria Echeandía (Senace), David Álamo (CPP), Aída Gamboa y Vanessa Cueto (DAR), Nátali Wong (Oefa), Jenny Humán (ANA) y Rolf Pérez (Minem).

Por ello, DAR invitó a funcionarios del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), para que compartan sus experiencias y buenas prácticas en transparencia y acceso a la información en el “Taller de capacitación: Acceso a la información y transparencia en el sector extractivo peruano”.

El DL N° 1353 y panorama del acceso a la información

Al ser consultados al respecto, los representantes del Senace, Oefa y ANA manifestaron que –si bien están a la espera del reglamento– su posición es atender al ciudadano en el mínimo plazo. “Nuestro reto es siempre tratar de alcanzar la información los 3 a 4 días a lo máximo”, comentó Natali Wong de la Oefa, mientras que Victoría Echeandía del Senace agregó “no podemos retroceder en el avance del acceso a la información”. “Estamos para servir al ciudadano y si tengo la información que necesita, se la tengo que dar a la brevedad” finalizó Jenny Huamán del ANA.

[table td1=”LOS DATOS“] [td1]

  • 2013 solicitudes de acceso a la información se atendieron en 2016 y solo al 17 de enero del presente, 116, según Nátali Wong del Oefa.
  • 130 solicitudes de información se recibieron en 2016. La modalidad más usada fue el formulario virtual y el 90%  de los pedidos fue de carácter técnico, informó Victoria Echeandía del Senace.
  • 2203 pedidos de información fueron atendidos a nivel nacional por el ANA, comentó su representante, Jenny Huamán. [/td1] [/table]

Otro aspecto que debe alertarnos es la elaboración de lineamientos –entre cada sector y la “Autoridad” de Transparencia– para clasificar la información secreta, reservada y confidencial. “La Constitución y la ley de transparencia ya establecen las características para ello. Lo estipulado en el Decreto Legislativo puede restringir el derecho de los ciudadanos”, sentenció David Álamo del Consejo de la Prensa Peruana. Aída Gamboa de DAR agregó que la dirección al interior del Minjus y el Tribunal de Transparencia, que también crea dicho Decreto tampoco tendrían potestad en la información que se clasifique.

Además, Gamboa señaló que a pesar de incluir a sociedad civil al interior del grupo de expertos instalado por el Gobierno para elaborar una propuesta que crearía una autoridad autónoma que respalde el derecho de acceso a la información, sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. “Sociedad civil demandó un ente con autonomía técnica,  presupuestal y administrativa”, pero el Ejecutivo no lo recogió.

[Lea también: 47 organizaciones de la sociedad civil firman pronunciamiento por la Autoridad para la transparencia: Una promesa incumplida]

 

Promoción de la transparencia: ¿Cómo andamos?

En el taller también se presentaron los hallazgos del monitoreo de DAR las instituciones vinculadas sector extractivo y al cambio climático de 2013 a 2015. Se observó que existe un avance en la publicación de información en los portales de transparencia estándar (PTE), de 56% a 91% en el promedio de cumplimiento en las instituciones vinculadas directamente al sector minería y energía. Mientras que de 65% a 96%, en el caso de las organizaciones con vinculación indirecta. Aída Gamboa precisó que esta  información es solo la mínima obligatoria por Ley, por lo que aún existen demandas de información socio-ambiental que deben ser cubiertas por las instituciones.

Nuevamente el análisis de DAR evidencia la necesidad de mayor capacitación y presupuesto para las áreas encargadas de atender las solicitudes de acceso a la información y actualizar los PTE. Asimismo, articular esfuerzos por brindar información con enfoque intercultural a poblaciones vulnerables.

Igualmente, el evento sirvió para informar sobre los retos en iniciativas que el país participa como la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en inglés), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) y las negociaciones para un Acuerdo Regional del Principio 10. Incorporar indicadores para mayor información socio-ambiental es una demanda regional en estas iniciativas.

Experiencias desde el sector público

En los cuatro años que DAR analiza transparencia en el sector extractivo, se han recomendado mejorar los instrumentos de acceso a información a los diversos sectores del gobierno vinculados con las industrias extractivas. Esta reunión fue una oportunidad para compartir sus iniciativas como la implementación de aplicativos móviles, información en “open data”, repositorio de información, entre otros.

Tanto el Oefa como el Senace cuentan con un aplicativo para teléfonos móviles. En el caso del Oefa su uso es para presentar solicitudes de acceso a información. Mientras que el del Senace contiene mapa de proyectos y resúmenes ejecutivos, calendario de talleres y audiencias, registro de consultoras ambientales, resoluciones de la entidad y módulos en línea de atención al ciudadano.

La representante del Oefa añadió que se han establecido 20 acciones para fortalecer la transparencia en su institución, de las cuales 11 ya se han ejecutado en 2016 y 9 se concretarían este año (videos tutoriales, chat virtual, web en idiomas nativos). Una de las que destacan es la implementación de un repositorio virtual para finales de marzo, que contendría principalmente, informes de monitoreo y evaluación ambiental, actas de supervisión directa, reportes públicos de supervisión, instrumentos de gestión ambiental, procedimientos administrativos sancionadores. En cuanto a Senace, contará con un portal con información de gestión ambiental a presentarse en los próximos días, según Alex León del Senace.

El ANA no se queda atrás y viene trabajando –con la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos– en un aplicativo para las solicitudes ingresadas virtualmente, y cuenta con información de la institución disponible, sin necesidad de recurrir a un trámite documentario, a través del Portal del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y el Observatorio Nacional de Sequías.

Sergio Castro (Ongei)

En materia de gobierno abierto, Sergio Castro de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) presentó la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales que incluye la construcción de Portal Nacional de Datos Abiertos del Perú, que será lanzado próximamente. En el caso del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rolf Pérez explicó los avances del EITI, como la conformación en espacios subnacionales en Piura, Moquegua, Arequipa, Loreto y Cusco.

Información socio-ambiental en el EITI

Desde el lado de la sociedad civil en el EITI, Juan José Ccoyllo demandó que los informes de los EITI de Moquegua y Piura deben incorporar otros actores relevantes (municipalidades y universidades públicas). Y Vanessa Cueto, presidenta de DAR, evidenció la necesidad de acelerar el pedido de sociedad civil para incluir en los informes EITI los pagos ambientales y el gasto social de las empresas, debiéndose reflejar en el Plan de Trabajo 2017-2018 de la Comisión Nacional EITI-Perú.

El evento, desarrollado el pasado 19 de enero de 2017, fue posible al apoyo de Open Society Foundations y estuvo dirigido a funcionarios públicos y sociedad civil. De esta manera, DAR promueve el fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.

Agradecemos su difusión