Creación de Autoridad para la Transparencia y Acceso a la información debe involucrar a sociedad civil

  • Entre las más de 160 medidas se mencionó la creación de ente rector.

 

Lima, 22 de agosto de 2016.- En el discurso de investidura para solicitar el voto de confianza del Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, indicó que se creará una autoridad autónoma que garantice el derecho ciudadano al acceso oportuno y transparente a la información pública. En el gobierno pasado se trabajaron tres proyectos de ley para la creación de dicho ente, uno de ellos elaborado entre la Defensoría del Pueblo, Presidencia del Consejo de Ministros y sociedad civil, sin embargo no se tomaron en cuenta.

En el Plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se señala esta medida para sus 100 primeros días de gestión. Si bien esta medida forma parte de sus políticas anticorrupción, contribuye también con la transparencia de los aspectos ambientales y sociales de nuestros recursos extractivos.

La transparencia socio-ambiental en los proyectos de inversión e infraestructura que se realizan y realizarán en nuestra Amazonía es un factor importante para la prevención de conflictos, el fortalecimiento de la vigilancia indígena y para la eficacia de los procesos de participación ciudadana. Es necesario que el proceso de construcción de dicha autoridad cuente con la opinión de sociedad civil y que se integre a este proceso, asimismo es vital que esta autoridad pueda incorporar en su funcionamiento a las diversas realidades de las poblaciones que solicitan información, entre ellas, poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas.

Ya en el mismo discurso el primer ministro Zavala indicó que existe una deuda histórica con los pueblos indígenas, alentando la transformación del Estado para que sean atendidos de la mejor manera. En ese sentido, la autoridad para la transparencia y acceso a la información debería velar porque se brinde información con enfoque intercultural y en diversos formatos, según el público que los solicite.

Gobierno Abierto

Asimismo, también se precisó que para fin de año se implementara el portal de datos abiertos del Estado con información básica, en principio, de los sectores del Estado, como  parte de su política de acercar al Estado con el ciudadano. Cabe resaltar que dicho portal estaba en camino desde el 2015 por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI). Tanto la autoridad como el portal forman parte de los compromisos que el país, como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en inglés), tiene que implementar.

Uno de los compromisos internacionales que no señaló el primer ministro y que contribuyen con un Estado transparente para el ciudadano fue la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) que busca transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos, con el fin de verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos por la actividad extractiva fomenten el desarrollo de los países miembros. En ese sentido, este espacio debe continuar y promoverse el desarrollo de EITI en más departamentos del país (actualmente, existen en Piura y Moquegua). Tampoco se mencionó el compromiso con el actual proceso para la firma del acuerdo regional sobre el Principio 10.

El camino a la OCDE

El gobierno busca el ingreso de Perú en la OCDE. Por ello, debe recoger la recomendación 66 que señala seguir avanzando con la promoción de una mayor transparencia de los efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas a causa de las actividades mineras, reforzar la eficacia del acceso a la información y participación amplia de los procesos de licenciamiento y promover la incorporación de la temática ambiental en distintas iniciativas de transparencia como el EITI.

Plan de Acción con sociedad civil

Desde 2012, sociedad civil y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron a favor de la creación de una Autoridad para la Transparencia y Acceso a la Información, como parte de las tareas a cumplir por el Estado en el marco del OGP. Siendo requisito principal elaborar un Plan de Acción que cuente con un proceso de consulta ciudadana a nivel nacional y regional. Corresponde al actual Gobierno acercarse a la sociedad civil peruana y a la población para elaborar el nuevo Plan de Acción 2017-2019.

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