La transparencia es una herramienta para la vigilancia ciudadana e indígena en Loreto.
Lima, 30 de setiembre de 2015.- De acuerdo a los primeros resultados del Diagnóstico 2015: transparencia en el sector minero-energético peruano, el Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto) demoró 20 días en responder las solicitudes de acceso a la información, entre enero a marzo de este año. La ley de transparencia señala que las instituciones públicas deben atender los pedidos de información como máximo en 12 días (7 según trámite y 5 de requerir ampliación), lo que significa un retraso en más de una semana por parte del gobierno regional.
Para la especialista en transparencia de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Aída Gamboa, este hecho responde a funcionarios con pocas capacidades o sin las herramientas necesarias para cumplir con su labor, recomendó poner mucho énfasis en mejorar las prácticas de transparencia.
Acerca del 84% que obtiene el GORE Loreto en cumplimiento de su portal de transparencia estándar, en el segundo trimestre 2015, Gamboa indicó que solo evidencia la aplicación de lo obligatorio por ley. “Una real práctica de transparencia en la gestión regional sería identificar cuál es la información que requiere la población y difundirla a través de sus portales de transparencia, con mecanismos interculturales para la poblaciones vulnerables”.
Además, recalcó la necesidad de contar con una Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a la Información para generar jurisprudencia nacional, demanda de la sociedad civil y propuesta respaldada por Defensoría del Pueblo que se encuentra estancada en PCM. “Con un ente rector demoras en responder solicitudes de transparencia serían sancionadas”.
El mencionado Diagnóstico 2015 es un estudio elaborado por DAR, cuyos primeros resultados se presentaron el 22 de setiembre durante el Taller de capacitación Retos y resultados del diagnóstico de transparencia en el sector minero-energético peruano, realizado en el Hotel Victoria Regia de Iquitos. Cerca de 50 participantes entre autoridades del Gobierno Regional de Loreto, sociedad civil, sector empresarial y público en general asistieron a este evento, realizado con el apoyo de Open Society Foundations.
Otro de los expositores en el taller fue David Álamo del Consejo de la Prensa Peruana, quien destacó que toda información es pública, salvo lo que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Constitución Política, “no puede haber otro tipo de clasificación normativa, de menor jerarquía, que prohíba el acceso a información pública”.
Roger Grandez del Grupo Propuesta Ciudadana (sede Iquitos) explicó la importancia de la vigilancia en el presupuesto público y en los montos que recibe el gobierno regional por concepto de canon y sobrecanon. “Loreto camina sobre petróleo, solo con la vigilancia podemos incidir en el buen uso de nuestros recursos económicos”.
Asimismo, Juan José Ccoyllo, (Grupo Propuesta Ciudadana, sede Lima), indicó cómo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) es una herramienta de vigilancia, desde sus avances en Piura y Moquegua. En la actualidad, la sociedad civil nacional e internacional propone se incorpore un estándar ambiental en el EITI, que fortalecería el trabajo de monitoreo y vigilancia ambiental de nuestros recursos extractivos, pues permitirá conocer costos en materia de remediación, por ejemplo.
Finalmente, Diego Saavedra de DAR expuso el contexto internacional y nacional de los hidrocarburos y la minería, así como su relación con los nuevos cambios normativos (“paquetazos”) y sus repercusiones en las poblaciones indígenas, sin participación y transparencia adecuada.
Más datos – Segundo Trimestre 2015
- 19 instituciones vinculadas al sector minero-energético alcanzan, en promedio, el 88.5% de cumplimiento en el PTE. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) obtuvo el porcentaje más bajo con 53%.
- 18 instituciones vinculadas a cambio climático han alcanzado 82.5% (cumplimiento PTE). El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) registra el promedio más bajo: 40%.
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