Plan de Gobierno Abierto 2015-2016 omite creación de autoridad nacional en transparencia

Lima, 22 de julio de 2015.- Patricia Gamio, representante de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó de la aprobación del Plan de Gobierno Abierto 2015-2016 (Resolución Ministerial N° 176-2015-PCM). Esto constituye uno de los compromisos asumidos por nuestro país luego de incorporarse en la Iniciativa de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), en 2012.

Sin embargo, este documento no incluyó uno de los principales requisitos que permitirían cumplir con los objetivos de la iniciativa: la creación de una Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a la Información. La existencia de un órgano autónomo en Transparencia fue discutida en la Comisión Multisectorial Permanente –integrada por sociedad civil, sector privado y Estado–, y surgió del diálogo con la sociedad civil.

Otras de las observaciones, tras conocerse de la aprobación del plan, además de realizarse con un año de retraso, fue su carácter retroactivo, al indicarse como inicio de actividades desde el enero de 2015, cuando debería ser a partir de julio, mes de su aprobación.

El OPG fomenta una nueva forma de gobernar, con la participación de los ciudadanos a través de mecanismos alternativos de discriminación y para poblaciones vulnerables que buscan la satisfacción en la atención de los ciudadanos. Criterios que deben estar institucionalizados en todos los niveles de Gobierno, indicó Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD) quien también participó del taller sobre transparencia.

Fortaleciendo capacidades en transparencia

La noticia de la aprobación del Plan de Gobierno Abierto se dio durante el taller de capacitación “Transparencia y acceso a la información en el sector minero-energético peruano: necesidad urgente”, realizado el pasado 17 de julio por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) con el apoyo de Open Society Foundations, que contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos.

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Aída Gamboa, especialista de DAR, calificó de fundamental que los funcionarios puedan interpretar adecuadamente el derecho de acceso a la información cuando haya una conflictividad entre normas, aplicando los principios que se sustentan en la jurisprudencia internacional, como el de máxima publicidad.

Patricia Gamio del ONGEI mostró los avances en gobierno electrónico y la plataforma de datos abiertos en Perú. Por ejemplo, al 2015, 814 instituciones publican información en los portales de transparencia estándar (PTE), lo cual, en comparación a los cerca de 400 organismos que lo hacían en 2011, es un incremento importante. Pero a pesar de estos avances, aún hay mucho por hacer, como mejorar el presupuesto. “Corea del Norte gasta 1.5% de su presupuesto público en tecnologías de información y es el país más importante en este tema, esa debería ser nuestra meta”.

Sobre otra iniciativa que integra el Perú, Juan José Ccoyllo del Grupo Propuesta Ciudadana señaló que la Iniciativa para las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) dirigida por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene por principio fundamental: verificar que la gestión de los recursos naturales debe beneficiarnos a todos y promover el desarrollo del país (en la medida que permite contrastar el dinero entregado por las empresas extractivas con los ingresos reportados por el Gobierno). Siendo un tema pendiente que el EITI permita conocer información sobre la calidad del gasto.

Finalmente, David Álamo del Consejo de Prensa Peruana presentó las dificultades por las que atraviesa todo ciudadano al solicitar información al Estado, frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. “Salvo borradores y excepciones de la ley, lo demás es información pública y debe entregarse, esto se debería aplicar en el tema ambiental”.

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