Nuevo estudio revela: El Banco Mundial patrocinó el primer paquetazo ambiental y el subsidio pagado a Odebrecht en el Gasoducto del Sur

  • El estudio Financiamiento de apoyo a políticas de desarrollo del Banco Mundial y Cambio Climático, realizado por el Bank Information Center, se puede encontrar aquí.

Poco se conoce acerca de la influencia del Banco Mundial (BM) y otros bancos para el desarrollo en las decisiones que toman nuestros gobiernos. Uno de los mecanismos más poderosos del Banco para hacer efectiva esta influencia son los Préstamos para Políticas de Desarrollo o DPF por sus siglas en inglés.

Se trata de préstamos para hacer reformas a los marcos institucionales y normativos. Para hacer efectivos estos desembolsos, uno de sus DPF, destinado a potenciar el capital humano y la productividad exigía, como condición previa, la eliminación de “normativas, procedimientos y tasas ilegales reguladas por organismos públicos en cualquier nivel de gobierno”[1], tuvo como consecuencia directa el debilitamiento de la capacidad OEFA para prevenir y sancionar infracciones ambientales al promover la aprobación de la Ley 30230; la ley del paquetazo ambiental, que además redujo la capacidad del Ministerio del Ambiente de determinar los Límites Máximos Permisibles de Calidad Ambiental y facilitó de saneamiento de tierras para grandes inversiones.

Una estimación de Convoca considera que este cambio legislativo condonó entre 2.1 y 8.6 millones USD en multas a compañías de petróleo y gas.

El Banco Mundial y el Gasoducto del Sur - Parte I: El impulso ambiental

La Ley 30230 promovida por el BM entró en vigor el 11 de julio del 2014. Doce días después, se firma el contrato del Gaseoducto del Sur (GSP). El reducir drásticamente la posibilidad de ser sancionado por no cumplir con las regulaciones ambientales durante la fase de construcción y facilitar los procedimientos de adquisición de tierras brindó un gran impulso a un proyecto que aún no había definido su ruta por el bosque Amazónico y que, mostrando estas nuevas condiciones, podía prometer a posibles inversionistas una tasa de rentabilidad mucho más atractiva. Recordemos que este proyecto era por mucho, la APP más grande del sector energía, representando un total de casi el 54% de todas las inversiones en el sector y un 27% de total invertido en APP entre el 2011 y el 2014[2].

El Banco Mundial y el Gasoducto del Sur - Parte II: El impulso financiero

El BM no solo prestó dinero para capitalizar a Cálidda a través del IFC, para que pueda ser parte del consorcio que debía operar el GSP, sino que mediante otro DPF, destinado a promover las APP en el Perú[3], buscó promover este tipo de proyectos como la mejor forma de cubrir las conocidas brechas de infraestructura del país. El BM argumentó que el GSP y otras APP del sector energía ya estaban en cartera desde antes de la llegada de su DPF, por lo que no se verían beneficiadas por su impulso a la eliminación de “trabas burocráticas” en este tipo de proyectos. Sin embargo, el estudio presentado sostiene que ninguno de estos proyectos estaba en etapa de cierre financiero, por ende, de acuerdo al marco actual estos pueden ser renegociados y sujetos a enmiendas, por lo que sí se verían beneficiados por este nuevo marco normativo.

Pero esto no es todo. Según la revista Oil and Gas Year, el gas suministrado por el GSP debía ser barato para hacer que las plantas petroquímicas que se querían desarrollar alrededor del mismo sean competitivas[4]. El BM dio la solución para lograr este objetivo: el 2006 produjo el reporte “Perú: Extendiendo el uso del gas natural para las provincias del interior del país” en el que recomendaba varios subsidios, incluyendo, el ahora cuestionado, “ingreso mínimo garantizado” o MRG, por sus siglas en inglés. Además recomendó que el gas, se venda con precios de descuento, no a las familias, sino a “los grandes consumidores”. Algo que por supuesto siguió aumentando el atractivo de la obra entre posibles inversionistas.

El Estado, por alguna razón, siguió las recomendaciones de este estudio de 2006[5]. El contrato se redactó de manera que el ingreso mínimo garantizado se cumpliera (conocido como “impuesto Odebrecht” entre la opinión pública), lo que nos ha costado 430 millones USD solo entre el 2002 y el 2008. Todo en beneficio del consorcio liderado por Odebrecht.

El Banco Mundial está en el proceso de formular su Marco de Alianza País con el Perú, documento que regirá sus prioridades de financiamiento durante los próximos años, rumbo al bicentenario. Se han hecho reuniones de consulta con sociedad civil con muy poca convocatoria y sin hacer de conocimiento público el borrador de la estrategia, lo que limita la capacidad de opinar y hacer aportes significativos.

Una comitiva de la sociedad civil se reunió con representantes del BM Perú para exigir que se haga público el documento. La respuesta oficial fue que era de carácter reservado hasta contar con la autorización del Gobierno Peruano. Para Martha Torres, Coordinadora del Programa Amazonia de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales; “Si esa condición de confidencialidad existe debe cambiarse. El Banco no puede abrir un proceso de consulta sin mostrar el documento a ser consultado. Tampoco se ha mostrado el Systematic Country Diagnostic (SCP) que es el diagnóstico que sirve de base para elaborar la nueva estrategia. Estos documentos son el marco que une las prioridades del gobierno actual con las estrategias de desarrollo del Banco, por lo que debería ser de conocimiento público”.

El BM tiende a proporcionar poca información acerca de sus instrumentos crediticios, sobre todo de los que tienen por objetivo hacer reformas de política pública en sus países prestatarios. También se ha denunciado muchas veces que a pesar de que algunas de sus iniciativas han tenido consecuencias socioambientales negativas, continúan en el camino de la flexibilización de sus salvaguardas. En vista de la gravedad de los casos presentados, ¿seguirá el Banco Mundial actuando como hasta ahora?


[1] Boosting human capital and productivity development policy financing with a deferred drawdown option: $1.25 billion USD.
[2] Fuente: Sitio web de ProInversion, consultado el 12 de junio de 2016. http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=1&prf=2&jer=6877&sec=30
[3] Public Expenditure and Fiscal Risk Management DPF-DDO: $1.25 billion USD.
[4] The Oil and Gas Year, 2015. Stimulate Interest. The Oil and Gas Year, 7 de octubre de 2015. http://www.theoilandgasyear.com/articles/stimulate-interest/
[5] El año 2013, el mismo BM dijo en otro estudio -esta vez un estudio de caso sobre APP- que “el precio con descuento para uso interno del gas natural de Camisea introduce una distorsión de precio en el mercado representa una serie barrera para la hidroelectricidad y otras tecnologías renovables – al igual que el uso eficiente del gas natural en la generación de energía térmica tales como unidades de ciclo combinadas”. Vagliasindi, Maria, 2013. Revisiting Public-Private Partnerships in the Power Sector: The Case of Peru. Un estudio del Banco Mundial, 2013.