Perú hacia la COP21 ¿Es posible un verdadero cambio hacia energías renovables?

energías renovables

Breve análisis de los compromisos nacionales para el sector energía basado en el estudio – Buenas Voluntades, Pocas Posibilidades. Aporte para las contribuciones nacionales para el cambio climático - INDC – publicado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

 

El sector energía se ha convertido en uno de los más importantes, rentables y crecientes del Perú. Es también uno de los sectores que muestra un mayor crecimiento en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), un crecimiento que se mantendrá durante los próximos años. Ante este escenario, las acciones para un desarrollo económico más libre de carbono son urgentes. El compromiso presentado por el gobierno peruano ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) busca lograr este objetivo: reducir nuestras emisiones logrando transformar la matriz energética en una más limpia con mayor presencia de energías renovables. 

¿A más crecimiento, más contaminación? La urgencia de pasar a una economía climáticamente eficiente

De la información recogida de la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero al año 2010, se desprende que el sector energía, es el segundo más contaminante del país (después del sector forestal) con 40.6 millones de toneladas de CO2 equivalente, 32.7% del total de emisiones, que se calculan en 124 millones de toneladas de CO2 equivalente. Asimismo, de acuerdo al Balance Nacional de Energía del año 2012 realizado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) estas emisiones de GEI tienen una tendencia al alza que no será fácil de revertir.

La tendencia al crecimiento de emisiones de GEI del sector energía hace necesario tomar medidas más ágiles y efectivas para hacer frente al escenario de cambio climático y cumplir nuestros compromisos planteados para el año 2021 ante la CMNUCC, sobre todo en lo concerniente a las emisiones producidas por el transporte público, ya que iniciativas como los Mecanismos de Promoción de Subastas de Recursos Energéticos Renovables (RER) y los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para el sector energético han sido insuficientes para disminuirla. En línea con lo anterior, una mayor participación de las energías renovables en la estructura del consumo final y no solo para fines industriales es necesaria para la reducción de emisiones de GEI del sector energético.

Cumplir lo prometido: El largo camino hacia una verdadera política de energías renovables 

La legislación nacional, a través del Decreto Legislativo N° 1002 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2011-EM ha definido como Recursos Energéticos Renovables (RER) a los derivados de biomasa, eólicos, solares, geotérmicos, mareomotrices y las de origen hidráulico menor o igual a 20 Mega Watts (MW) ya que proyectos hidroenergéticos mayores a 20 MW implican cierto nivel de represamiento.

Lo paradójico es que en las estadísticas del propio MINEM se reporta como “energía renovable” a las hidroeléctricas mayores a 20 MW, cuando en su propia normativa, no pueden ser categorizadas como RER. Por consiguiente, energía que no cumple las condiciones estaría siendo considerada como renovable en las estadísticas nacionales. Además, la legislación ha establecido que hasta el 5% de la demanda de energía nacional debe ser cubierta por generación eléctrica en base a RER, sin incluir hidroeléctricas. Dicho porcentaje sería actualizado por el MINEM cada cinco años. No obstante, a pesar de contar con este objetivo, al 2014, sólo se logró que el 2.5% de la generación eléctrica sea en la base a RER no convencionales. Queda claro que el Estado debió realizar mayores acciones para conseguir este objetivo. Además, comparando esta meta de la legislación nacional con el compromiso ante la CMNUCC, que comprende alcanzar 40% de RER al 2021, se observa que no existe relación entre ambas por lo que es necesario buscar intermedios realistas.

Por todo ello, consideramos que se debe promover un adecuado diseño de políticas públicas que permitan mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a ellos, promoviendo la transición de la matriz energética hacia fuentes renovables convencionales y, sobre todo, no convencionales (Biomasa, Eólica, Solar, Geotérmica, Mareomotriz), todo ello enmarcado en una legislación nacional adecuada a los compromisos asumidos ante la CMNUCC. A fin de asegurar coherencia entre los compromisos políticos y las acciones reales en la gestión de los RER.

Iniciativas del cumplimiento del compromiso: Energías renovables sólo en el discurso 

Aunque es cierto que existen iniciativas y acciones realizadas por el Estado en materia energética que buscan cumplir con los compromisos climáticos que tenemos ante el mundo, ninguna de ellas está sujeta a normativa vinculante, a excepción del Estudio de la Nueva Matriz Energética Sostenible, que es un documento estratégico del sector energía y del Proyecto de Planificación ante el Cambio Climático del MINAM, cuyos documentos serán tomados en cuenta para la elaboración de políticas en torno al cambio climático. El muy publicitado Plan Energético Nacional 2014-2025, que podría ayudar con este propósito, se encuentra todavía en etapa de borrador y no puede usado todavía como como una herramienta para mejorar la capacidad de estado de prever, en el largo plazo, el nivel de participación de diferentes tipos de tecnologías en la oferta de generación de energías renovables.

Sin embargo, existe una notoria resistencia al cambio de matriz energética que responde, hasta la fecha, a una combinación de factores de dependencia e intereses de mercado que no encuentra ningún tipo de incentivo a corto plazo que sirva para estimular el cambio de matriz; en otras palabras, no contamos hasta la fecha con una política energética nacional que contengan medidas concretas que pueda llegar a garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos.

Es necesario que se tome la decisión de realizar un planeamiento energético vinculante de largo plazo con carácter multisectorial y concertado con el sector privado, la academia, la sociedad civil y las organizaciones indígenas, que sirva como una hoja de ruta pública, clara y abierta al debate.