Pueblos indígenas demandan transparencia y no más corrupción en licitaciones y megaproyectos en territorios indígenas de Latinoamérica y el Caribe

En el marco del Foro Social Panamazónico realizado en Tarapoto del 26 de abril al 1 de mayo de 2017.

Tarapoto, 1 de mayo de 2017

A los señores funcionarios y funcionarias públicos, líderes y autoridades nacionales e internacionales:

Pueblos indígenas demandan transparencia y no más corrupción en licitaciones y megaproyectos en territorios indígenas de Latinoamérica y el Caribe

 

Actualmente, los países de Latinoamérica y del Caribe vienen debilitando sus politicas ambientales y sociales con el fin de promover inversiones. Esta estrategia de desregulación, flexibilización de estándares socio-ambientales y vulneración sistemática de los derechos de nuestros pueblos, incluye el debilitamiento de los canales de transparencia, acceso a la información pública y participación. Los países siguen promoviendo grandes inversiones, acosta del respeto de nuestros territorios ¿Pero los beneficios han llegado a nuestras comunidades nativas y campesinas asentadas en las áreas de influencia de los proyectos en la Amazonía y en los Andes?

Además, la rápida expansión de bancos chinos y brasileños por ofrecer menos controles institucionales, menos requisitos y plazos más cortos para la aprobación de sus proyectos, es un modelo que toda la banca multilateral parece haber adoptado flexibilizando sus salvaguardas. Esto ha traído consigo conflictos socio-ambientales en los proyectos financiados, sin adecuados mecanismos de participación, transparencia y acceso a la información. Todo ello ha terminado facilitando la corrupción, dando carta libre a los funcionarios para favorecer a grupos empresariales y a ellos mismos, minar la institucionalidad socioambiental, en perjuicio del medio ambiente y de los pueblos indígenas, principalmente.

Por eso, la transparencia, el acceso a la información y la participación son derechos fundamentales, que nos permiten a los pueblos indígenas estar bien informados para hacer respetar nuestros derechos colectivos, pero sobre todo para defender nuestros territorios de la contaminación ambiental de las empresas y estar vigilantes ante cualquier irregularidad se produzca en estos proyectos. Mientras más transparencia y acceso a información clave haya, se permitirá la adecuada previsión, control y supervisión de las actividades extractivas y de infraestructura. Así, los pueblos seríamos coparticipes de las decisiones que toma el Estado y de los beneficios que se obtengan de estas actividades.

Nuestros pueblos y decenas de defensores y defensoras ambientales siguen siendo asesinados; también numerosos desastres ambientales siguen sin ser reparados: los riesgos a nuestras vidas son claros. De esta manera, se sigue vulnerando nuestro derecho a la vida, salud, ambiente y al territorio. Por ello, nosotros los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe demandamos mayor difusión de información socio-ambiental con enfoque intercultural y un nuevo estándar en los proyectos inversión que incluya:

  • Garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, al consentimiento, al territorio y a políticas interculturales para los pueblos indígenas en los países donde habitemos.
  • Estudios de prefactibilidad y evaluaciones ambientales estratégicas que calculen con mayor rigurosidad los riegos y costos socio-ambientales previos de los proyectos de inversión.
  • Políticas públicas que garanticen que los recursos derivados de la inversión, sirvan para constituir seguros de remediación en caso de desastres ambientales y programas de desarrollo local sostenible.
  • Inversiones con procesos participativos con información oportuna, que permitan a los pueblos indígenas influir en la tomas de decisiones en las licitaciones públicas, contratos y procesos de evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA).
  • Cumplimiento de derechos fundamentales como la participación y el acceso a la información en todo el ciclo del proyecto desde la planificación de una licitación, aprobación y fiscalización.
  • Mayor transparencia en las licitaciones de proyectos para no repetir los graves hechos de corrupción que luego han tenido resultados calamitosos para el medio ambiente y las poblaciones indígenas.
  • Fortalecer a los organismos de control gubernamental en sus labores de prevención, control y supervisión para su participación en los procesos de licitación de los megaproyectos de inversión.
  • Procesos de evaluación de EIA rigurosos con participación ciudadana en al menos, tres momentos y consulta previa para pueblos indígenas antes de la aprobación del EIA.
  • Participación de pueblos indígenas en espacios internacionales como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), Alianza de Gobierno Abierto (AGA) y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina y el Caribe (Principio 10) para fortalecer la labor de vigilancia, autogobierno, protección de territorios y derechos indígenas.
  • Publicación oportuna y actualizada de todos los documentos de los de los expedientes administrativos del proceso de evaluación ambiental de los EIA por las autoridades competentes.
  • Incorporar la difusión de información socioambiental sistematizada (multas, impactos, sanciones, cumplimiento de empresas compromisos ambientales, etc.) dentro de las iniciativas internacionales como EITI, AGA y Principio 10.
  • Desagregar por empresa sanciones y multas de los organismos de fiscalización ambiental de nuestros países para evitar contaminación ambiental en los territorios indígenas e impunidad de las empresas frente a multas y sanciones.
  • Participación de organismos internacionales de derechos humanos como al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en espacios que discuten nuestras preocupaciones como el EITI, AGA y Principio 10, para que incidan en el cumplimiento de los gobiernos de nuestros derechos y de la trasparencia en los procesos de licitación pública de megaproyectos extractivos y de infraestructura.

La necesidad de atraer inversiones no puede seguir siendo la excusa que nos exponga a continuas graves afectaciones a nuestros derechos y territorios, al medio ambiente e incluso a sistemas de corrupción de escala continental. Hagamos una reforma ahora con mayor transparencia socio-ambiental, un nuevo estándar en proyectos de inversión en Latinoamérica y el Caribe, con participación de los pueblos indígenas para lograr un real desarrollo sostenible en la región.

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