¿Qué dicen los candidatos sobre los conflictos sociales?  

Por Esteban Valle Riestra Padró
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales


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Los reportes de la Defensoría del Pueblo son un indicador de lo grave que es la conflictividad social a nivel nacional. Solo el año pasado, 17 personas murieron y 785 resultaron heridas en protestas contra las actividades extractivas. El 2016 inicia con 143 conflictos activos y 68 latentes, entre ellos están los relacionados con los proyectos mineros Tía María (Arequipa) y Las Bambas (Apurímac). Por el volumen de las inversiones en juego y por las dudas que existen sobre su viabilidad ambiental, aún sin resolver, ambos son importantes para el país.

No es un tema fuera del radar de los candidatos a la presidencia: 13 de los 19 en carrera mencionan de manera explícita la conflictividad social dentro de sus planes de gobierno. Entre ellos, los principales candidatos plantean distintos abordajes al problema, difiriendo en el nivel de aterrizaje de sus propuestas.

Fuerza Popular, por ejemplo, propone implementar medidas para un verdadero gobierno abierto, sin mencionar este tema en su diagnóstico sobre las causas de la conflictividad social. Peruanos por el Kambio da un paso más y propone una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información en sus primeros cien días de gobierno, además de la creación de un sistema nacional de prevención y gestión de los conflictos. Alianza para el Progreso, por su parte considera dotar a esta función estatal de un pliego presupuestal exclusivo.

Para otros candidatos la solución pasa por mejorar la gestión de los gobiernos regionales y locales. Alan García y Alejandro Toledo proponen profundizar el proceso de descentralización: el primero ampliando las competencias, la interconexión de las ciudades intermedias y la creación de mancomunidades; mientras que el segundo a través de la creación de un consejo nacional de descentralización que coordine los planes de desarrollo con el gobierno central y la resolución de los conflictos.

Además, Perú Posible propone establecer de manera obligatoria, que todas las empresas adopten códigos de ética y de transparencia que incluyan aspectos relacionados a la contratación con el Estado, participación en concursos públicos, obligaciones tributarias, ambientales y laborales, estableciéndose sanciones en caso de incumplimiento.

En el caso de Todos por el Perú, la prevención de los conflictos recae en la adecuada gestión de los recursos naturales. Las empresas deben cumplir con sus obligaciones ambientales, en esa línea, proponen elevar los estándares y reforzar la fiscalización ambiental. Otros candidatos (Verónica Mendoza, Gregorio Santos, Vladimir Cerrón, Felipe Castillo, Fernando Olivera) sostienen propuestas similares: inciden sobre la necesidad de implementar los procesos de ordenamiento territorial y zonificación ecológica como parte de las soluciones al problema.

Para los candidatos, la respuesta a los conflictos sociales pasa por resolver las deficiencias de comunicación entre las partes, destrabar el proceso de descentralización o gestionar de manera adecuada el medio ambiente. Sin embargo, ninguno menciona en sus planes de gobierno mejorar la relación entre la transparencia pública y la participación ciudadana como estrategia de prevención de conflictos.

Las organizaciones de la sociedad civil han levantado alertas sobre sus implicancias. Las negociaciones a puerta cerrada de tratados internacionales, como el TPP; el debilitamiento de las normas ambientales a través de la Ley 30230 y los DS 054 y 060, que ha significado la aplicación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS); implementados sin transparencia y de espaldas a la población, aumentan la desconfianza e incitan a nuevos conflictos.

Se habla de diálogo pero no se señala nada específico a realizar por el próximo gobierno para que todas las partes tengan un acceso equitativo a toda la información disponible. Las propuestas necesitan ser concretas como la demanda de la creación de un autoridad nacional de transparencia y acceso a la información y no quedarse en declarativas como las de “fortalecer” las políticas de acceso a la información.

Atendiendo este problema, desde sociedad civil se propone ampliar los alcances de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), iniciativa suscrita por el Perú en 2005 y que ha logrado transparentar los pagos de 63 empresas mineras y petroleras al Estado. Se trata de incorporar un estándar ambiental que obligue a publicar información sobre los gastos de las empresas para la gestión ambiental y social, con el fin de promover inversiones sostenibles, disminuir los conflictos sociales y mostrar el compromiso ambiental de la empresa para generar confianza en la población local y gobernanza en el país.

Esta no es la única respuesta a tal coyuntura en el Estado, por ello las recomendaciones principales para que los candidatos incorporen en sus propuestas de planes de gobierno: tendrían que ser: (i) creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, (ii) reforzar la institucionalidad para la transparencia y acceso público destinando presupuestos específicos para estas funciones, con oficinas específicas sobre este rubro dentro de todos los organismos públicos e (iii) incorporar un estándar ambiental dentro del EITI.