- A más de dos meses de los derrames en territorios Awajún y Wampis, Edwin Montenegro (ORPIAN-P) y Marcial Mudarra (CORPI-SL), presentó caso ante relatoresespeciales de las Naciones Unidas.
- Relatora sobre derechos de los pueblos indígenas se comprometió a poner atención los casos expuestos y enviar comunicaciones al Gobierno Peruano.
- Relatores Especiales de las Naciones Unidas para residuos tóxicos y pueblos indígenas escucharon demandas acerca de los continuos derrames de petróleo y gas, el lento proceso de titulación de territorios indígenas, la construcción de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, afectación a Pueblos en aislamiento y contacto inicial, y el debilitamiento de estándares ambientales y los vacíos de la Ley de Consulta Previa.
Bastuk Tuncak, relator especial sobre residuos tóxicos de las Naciones Unidas (ONU), se reunió con representantes de organizaciones indígenas para escuchar sus demandas tras la afectación a la vida, salud y territorio en Amazonas (distrito de Imaza) y en Loreto (distrito Datem del Marañón), que afectó a más de 200 personas[1]. Ambos a causa de las recientes roturas en el Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú.
Otro aspecto de esencial interés para el relator fue conocer si estado cumplió con tener protocolos adecuados no solo para remediar los daños, sino para dar asistencia a las familias afectadas (abastecimiento de alimentos, agua potable, medicinas, etc.). Las organizaciones manifestaron que todos los esfuerzos fueron desordenados e ineficientes, siendo evidente que no responden a protocolos preestablecidos. Manifestaron al respecto que están exigiendo la declaratoria de emergencia a todo el sistema de ductos que tiene más de 40 años de antigüedad y que representa una amenaza constante sobre su vida.
Sobre el proceso con Petroperú, representantes de las organizaciones indígenas ORPIAN-P y CORPI-SL informaron que en una reciente audiencia, la empresa estatal se negó a aceptar su responsabilidad ante la OEFA. Para Petroperú no existen pruebas suficientes para determinar que el petróleo derramado provenga de sus ductos, además dejó claro al organismo evaluador que no correspondía la presencia de las organizaciones indígenas y a la sociedad civil en dicha audiencia.
Por su parte, DAR y el Instituto de Defensa Legal y Desarrollo Sostenible (IDLADS) expresaron cuáles son las consecuencias negativas de la Ley N° 30230 que se reflejan en el caso de los derrames, que en total esparcieron más de 5000 barriles de petróleo y afectaron la salud de más de 200 personas[1]; bajo esta normativa, el OEFA solo pudo ordenar medidas correctivas a la empresa, y solo inició el proceso administrativo sancionador cuando la empresa no cumplió con lo dispuesto. A pesar de la evidente contaminación del agua (de consumo directo de la población), suelo y de flora y fauna en ambas zonas del derrame, los propios afectados tendrán que demostrar que hubo un daño real y muy grave a su salud, para que se pueda multar a la empresa.
Al finalizar, el representante de las Naciones Unidas manifestó su preocupación y señaló que pedirá información respecto de estos casos al Estado peruano, a fin de enviar comunicaciones e iniciar el procedimiento para hacer una visita oficial a futuro.
Consulta Previa y Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI)
En una reunión convocada por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Victoria Tauli Corpuz recibió información sobre casos de omisión de la consulta previa, como la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, cuyo trazo ni siquiera contempla llevar electricidad para las comunidades afectadas, y el estado de los procesos de consulta en los andes peruanos, respecto a proyectos mineros.
Más tarde, DAR, Perú Equidad y AIDESEP expusieron en una reunión organizada por esta última sobre la problemática y amenazas de las poblaciones en aislamiento y contacto inicial. La principal alerta de este diálogo fue la ausencia de una política nacional sobre PIACI, debido a la cantidad de áreas y concesiones para la explotación de diferentes recursos naturales (como hidrocarburos) que se superponen sobre sus territorios, al igual que la poca información oficial referida al estado de sus patrones migratorios, población y amenazas a su salud.
Diego Saavedra, especialista de DAR, indicó que “al no documentar y actualizar las amenazas, no se pueden diseñar planes o estrategias para enfrentarlas o mitigarlas de forma eficiente. Como en el caso del pueblo indígena Nahua al interior de la Reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, donde el 80% de su población presenta altos niveles de mercurio en la sangre. Hasta el momento no se ha identificado el origen de esta contaminación, a pesar de las intervenciones del Estado, exponiéndoseles a una emergencia muy grave de salud. En este escenario, son las organizaciones indígenas las que están desarrollando mejores mecanismos de vigilancia y protección de territorios PIACI, tal es el caso de ORAU y FENAMAD, quienes apoyan en la administración puestos de control priorizando estos como agentes de alerta frente a la aparición de amenazas. “Es importante dar soporte institucional a estas iniciativas aprobando una Ley que reconozca la Vigilancia Indígena de manera integral”, precisó el especialista de DAR.
[1] Informes del Instituto Nacional de Defensa Civil No 105-02/03/2016 y 106-02/03/2016-COEN-INDECI