SENACE: Se está creando un Defensor de la Ciudadanía en la Certificación Ambiental

  • Perú, Argentina, Colombia, México y Nicaragua presentaron propuestas y lecciones aprendidas para elevar estándares y reducir impactos ambientales.
  • Se anunció la creación de un Observatorio SEIA para generar propuestas para mejorar los sistemas de evaluación de impacto ambiental a nivel latinoamericano.

Lima, miércoles 26 de octubre de 2016.- Latinoamérica está cambiando. La disminución de la demanda internacional de las materias primas, así como la caída de sus precios son la oportunidad para nuevas inversiones con diversificación productiva, innovación, tecnología, participación y transparencia, y sobre todo que eviten o mitiguen los impactos socio-ambientales negativos de las actividades económicas.

Nueve expertos se dieron cita ayer en Lima para presentar sus experiencias para una gestión adecuada de nuestros recursos naturales a través de las evaluaciones de impacto ambiental y la promoción de la transparencia en estos procesos, en el marco del Seminario Internacional “Evaluaciones de Impacto Ambiental y Transparencia: Lecciones desde los megaproyectos en Latinoamérica, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y el Observatorio SEIA; con el apoyo de Gordon & Betty Moore Foundation y Open Society Fundations; seminario realizado en el marco de la Semana Internacional de la Vigilancia Indígena.

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Paola Naccarato, representante del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, señaló: “Queremos introducir la temática de derechos humanos colectivos en los EIA para tratar de tener una mejor sintonía en los procesos de consulta previa. SENACE no realiza la consulta, sino los sectores que proponen la medida con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, pero es un tema que nos interesa porque necesitamos mayor armonía entre el desarrollo de los estudios de impacto ambiental y la consulta previa”.

Asimismo, anunció que ha estado en consulta la creación de un Defensor a la ciudadanía en el proceso de certificación ambiental. Dicha figura contaría con procedimientos propios y específicos para recibir quejas y denuncias sobre los diferentes procesos de evaluación ambiental que ve el SENACE.

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“Hemos recibido comentarios de DAR y otras organizaciones y entidades del Estado sobre dichos procedimientos”, refirió Naccarato, quien a su vez informó que SENACE ha elaborado una guía o manual oficial para la evaluación de EIA-d para minería; tiene disponible en web para aportes uno para el sector Electricidad; y está por terminar otro para el sector Hidrocarburos.

Por su parte, Francisco García, representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, refirió que se identificó 92 nuevos sitios contaminados en el Lote 192, ex 1AB, como parte de los monitoreos ambientales participativos que realiza con población local de Loreto y que significan una experiencia enriquecedora para la institución, dado que la población local se ha convertido en fuente de información para la identificación temprana de posibles derrames de petróleo; por lo que ahora también la están replicando con comunidades alto andinas.

Otro aspecto resaltado por el OEFA, son los diagnósticos de la calidad del ambiente que están realizando en base a su experiencia de supervisión ambiental y que servirá para fortalecer esta labor.

Estas buenas prácticas sobre participación deben extenderse a los Estudios de Impacto Ambiental, principales herramientas en la actualidad para controlar los impactos negativos de los proyectos, pero que aún enfrentan desafíos para el involucramiento de la población. Es importante generar confianza en la población y, de acuerdo a Mariana Montoya, de Wildlife Conservation Society - WCS “uno de los principales retos es la traducción de los EIA (…) Una persona no va poder opinar adecuadamente ni tener una opinión sobre algo si no está bien informado, o si no hay una explicación menos técnica de los impactos que puede originar un proyecto de inversión”.

Evaluaciones para la sostenibilidad

Entonces, a decir del experto argentino Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN, las evaluaciones de impacto ambiental tienen aún un largo camino por recorrer, dado que aún no están integrada a las políticas ambientales –lo que se superaría aplicando la Evaluación Ambiental Estratégica-; hay dificultades en la aplicación de los Estudios de Impacto Ambiental - EIA; y no se toma en cuenta la participación de la población en las decisiones finales.

Napoli indicó que de un estudio de 24 casos en 6 países de América Latina para evaluar la eficacia de los EIA, solo en 7 casos este instrumento fue considerado medianamente eficaz, lo que muestra la necesidad de mejorar sustancialmente la legitimidad del procedimiento de EIA para que sea más riguroso, preventivo, predictivo, participativo y con base científica.

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Asimismo, Napoli señaló que un elemento importante para fomentar la transparencia es el acuerdo regional del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente para promover el acceso a la información, participación y justicia en la evaluación ambiental; acuerdo actualmente en discusión en 21 países latinoamericanos.

Dado que los países latinoamericanos afrontan los mismos retos, como fortalecer las entidades que evalúan los estudios de impacto ambiental de los proyectos, la participación ciudadana en el tema ambiental, la transparencia y acceso a la información y la consulta previa; se anunció  la creación del Observatorio SEIA, espacio que permitirá la coordinación con expertos y aliados de la sociedad civil latinoamericana, en aras de fortalecer la institucionalidad para el EIA y generar propuestas para lograr el mejoramiento del sistema de evaluación de impacto ambiental.

Perú: Tres medidas para el balance

Jorge Pérez, presidente de la organización indígena ORPIO, refiere: “No hemos visto en estos últimos 20 años el rol garante del Estado sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas (…) A puertas del Bicentenario, nos presentamos al mundo como una sociedad que se encamina a la modernidad, pero si se tiene una población con derechos vulnerados debe haber un discurso coherente de parte del Estado, en relación con las sanciones a ejercer”.

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Ya no son solo las organizaciones locales quienes buscan un balance entre inversión y sostenibilidad. Es la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE quien señala en su Evaluación del Desempeño Ambiental de Perú 2016: “la tramitación acelerada de certificación ambiental para promover la inversión y el crecimiento económico no debe poner en riesgo el objetivo de protección ambiental perseguido por el sistema de evaluación de impacto ambiental”.

En ese sentido, Patricia Patrón, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), propuso adicionalmente tres medidas base para perseguir este balance ambiental: Realizar una consulta previa antes de los estudios de impacto ambiental; recategorizar las aguas de la amazonía como “aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable”, de modo que los estándares en relación a ellas sean más exigentes; y realizar audiencias públicas antes de aprobar modificaciones a los EIA a través de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).

Sobre este último tema, Naccarato señaló “tenemos una propuesta entregada al MINAM con nuevos criterios, una revisión de los que se han utilizado hasta ahora. Hemos discutido el tema de la participación ciudadana que tienen que estar en los ITS”.

Experiencias latinoamericanas

Andrea Cerami, abogado experto de derecho internacional de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental  - CEMDA, presentó el caso del acueducto Independencia, proyecto que afectaba el territorio de la tribu Yaqui; y que después de un proceso judicial significó el reconocimiento del Derecho a Consulta Previa de este pueblo, por lo que, a pesar de que el proceso de Consulta no tuvo todas las condiciones necesarias y el proyecto siguió adelante, significó una experiencia de acceso a la justicia en materia de EIA. Asimismo, Cerami resaltó la necesidad de que se aplique la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y que los EIA se elaboren antes del otorgamiento de derechos.

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Por su parte, Salvador Montenegro, del Instituto Humboldt, presentó el caso del proyecto de Gran Canal Interoceánico de Niraragua, que de aprobarse produciría que las aguas de uno de los lagos más importantes de Nicaragua, el Cocibolca, se salinicen, por lo cual sería posible aprovecharlas solo para la navegación, en desmedro de su potencial para irrigación, brindar agua potable y ser fuente de turismo sostenible. Asimismo, recomendó incorporar la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos en los EIA, ya que en el caso del lago Cocibolca los recursos naturales que provee este recurso generan opciones económicas, compatibles entre sí y ambientalmente sostenibles.

De otro lado, Vanessa Torres, de la Asociación Ambiente y Sociedad, habló de la evolución de la licencia ambiental en Colombia a partir de la normativa minera, y resaltó que la existencia de muchos mecanismos de participación ciudadana no garantiza que no existan conflictos ambientales, si no existe voluntad para que exista una participación real por parte de las instituciones.

En suma, no puede apuntarse a un cambio latinoamericano en la manera de realizar actividades económicas sin participación ni transparencia.