Urge mejorar el marco normativo que regula la agricultura en la Amazonía

La Amazonía es como una sábana verde, pero compuesta de distintos parches: algunos de bosques extensos, áreas aisladas de bosques, parcelas agropecuarias, etc. La agricultura va en aumento en esta área inmensa, biodiversa y sensible de nuestro país y aunque contribuye a la alimentación de la población, al impulso de la industria y generación de trabajo e ingresos; son sacrificados los servicios que el bosque amazónico en pie brinda (aire limpio, agua, conservación de flora y fauna que puede formar parte de la dieta local etc.).

Año a año, porciones de bosque amazónico se convierten en áreas de cultivo y ganadería, tanto por la acción de miles de pequeños agricultores y cooperativas que mantienen cultivos de arroz, yuca, maíz amarillo y plátano, entre otros, como al creciente avance de cultivos como plantaciones de palma aceitera, cacao y otros, promovidos por grandes inversionistas.

Existen mecanismos formales para solicitar al Estado la adjudicación de tierras sobre bosques, siempre que las tierras sean clasificadas con capacidad agropecuaria, sin embargo, el marco de normas que regulan estos mecanismos es abundante, confuso, contradictorio y no ha tomado en cuenta las características de la Amazonía, por lo tanto se ha generado dificultades en su aplicación e impactos en el ecosistema amazónico.

Sobre las tierras ya adjudicadas que cuentan con bosques rigen las normas forestales, que prevén las autorizaciones de cambio de uso, cuya esencia se ha mantenido en la legislación forestal de estos últimos 40 años, pese a la experiencia acumulada e investigación existente. A estas autorizaciones que tienen una alta complejidad (por sus requisitos y el número de instituciones que intervienen) están obligados tanto los pequeños agricultores como los emprendimientos agropecuarios más grandes, sin embargo no se ajusta a las capacidades técnicas, administrativas, de tiempo y costos de los pequeños productores amazónicos.

Nuestro sistema asume erróneamente que si se da una norma, esta es adecuada y puede exigirse su cumplimiento en distintos contextos, sin reconocer las limitaciones que el Estado y los usuarios tienen para cumplirla, así como su utilidad en función a los objetivos que buscamos como país.

DAR llega a esta y otras conclusiones a partir del estudio realizado por el investigador en temas forestales Hugo Che Piu, que comprendió el análisis de más de 90 normas dadas en los últimos 25 años, así como análisis de la política y coyuntura de la adjudicación de tierras en la Amazonía para el desarrollo agropecuario

Frente al problema de dispersión normativa, se propone rápidamente la expedición de una norma que indique las normas vigentes a la fecha, seguido de la elaboración de un Texto Único Ordenado de la Titulación Rural que integre y armonice las normas, diferenciando las exigencias para los grandes inversionistas y para los pequeños productores, de acuerdo a sus capacidades.

Otra recomendación es que sea el Estado y no el agricultor quien afronte la tarea de clasificar y decidir qué uso se dará a un suelo (y por ende, si se permite en él la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, etc. o la coexistencia de más de una actividad según sus potencialidades), pues es más viable que el Estado lleve a cabo los estudios a que lo realicen directamente agricultores o empresas.

De otro lado, el investigador Octavio Galván, a partir de un análisis sobre la aplicación del cambio de uso de los suelos y propuestas para reducir su impacto en los bosques, propone como una de las primeras medidas a tomar, concentrar los esfuerzos de manejo y conservación en el bosque primario y residual; restaurar los bosques degradados; impulsar la investigación forestal, así como flexibilizar y simplificar las normas actuales y concentrar los procedimientos relativos al tema a nivel regional, entre otros.
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Nota del Editor

Los eventos de presentación del diagnóstico normativo y las propuestas técnicas sobre cambio de uso de suelos para el desarrollo agrario ante representantes del Estado y de la sociedad civil, se realizaron en Lima este martes 11 de agosto con la participación de representantes del Estado - Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Contraloría General de la República-, así como de diversas organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y de cooperación internacional; y en la ciudad de Iquitos el viernes 14 de agosto, con la presencia de la Dirección Regional Agraria de Loreto (DRAL); la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA); y el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (PRMFFS).

La realización de estos estudios y su presentación fueron impulsados por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR, con el apoyo de Gordon and Betty Moore Foundation.