Escribe: Harlem Mariño Saavedra.
El Congreso promulgó la Ley N° 30327 con el objetivo de promover las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. En ella se establece la transferencia al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) de las funciones de evaluación y aprobación no solo de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d), sino también de los semidetallados (EIA-sd), buscando de esta manera que las entidades sectoriales ya no promuevan ni evalúen, a su vez, su viabilidad ambiental. Sin embargo, los tiempos para la finalización de esta transferencia no son claros y aún permanece en los sectores.
Actualmente, un gran número de los EIA contienen afirmaciones sin bases técnicas que las sustenten. Tampoco analizan adecuadamente los impactos a largo plazo, ni los impactos acumulativos, ni sus efectos en la salud de la población. Pero quizás la parte más débil de todo el documento es el Plan de Relaciones Comunitarias –que establece los programas socio-económicos para las comunidades– caracterizado por tener un deficiente diagnóstico social y carecer de indicadores claros, lo que hace imposible evaluar su pertinencia y supervisar su eficiencia con la población.
Asimismo, la Ley N °30327 también establece el uso de líneas de base ya presentadas en otros EIA, sin contar con estudios ni evaluaciones ambientales previas que puedan ayudar a constatar la veracidad y precisión de la información a ser compartida. Esto se torna más preocupante cuando toda la responsabilidad recae en el funcionario encargado de evaluar el EIA, que tiene una única oportunidad para emitir sus observaciones técnicas sobre información poco rigurosa, incompleta y en general de mala calidad.
Por ello, se debe promover un marco normativo-institucional que resuelva estas deficiencias y asegure una buena gestión ambiental, en lugar de promover la precipitada aprobación de los EIA; siendo necesario que se establezca criterios estandarizados para su elaboración y evaluación; fortalecer la capacidad del personal técnico a cargo de la revisión; y, sobre todo, enfatizar que los EIA son parte de un proceso más amplio e integral de evaluación ambiental y social, y no un mero trámite.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el viernes 22 de junio de 2015.