Desde Naciones Unidas: Vigilancia que realizan los pueblos indígenas debe ser una condición previa a inversiones y préstamos

 

  • DAR, en coordinación con COICA, propuso la vigilancia indígena como estrategia para prevenir afectaciones de derechos de defensores indígenas 
  • Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas resaltó la necesidad de reformular los marcos internacionales para la inversiones para mejorar el respeto a los derechos indígenas

Nueva York, viernes 05 de mayo de 2017.- [DAR – enviado especial] La Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas Vicky Tauli-Corpuz se refirió a sus propuestas para mejorar el cruce de inversiones y derechos indígenas durante el 16° periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que hoy culmina en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Tauli-Corpuz señaló en relación a un informe presentado por la Relatora ante el Consejo de Derechos Humanos: “Creo que es posible reformular un sistema para el derecho de las inversiones que trate de reducir el riesgo para los derechos de los pueblos indígenas, y los beneficie a ellos y al Estado, dando seguridad a las inversiones. Esto requiere el establecimiento de marcos reglamentarios y de cumplimiento para asegurar que las prácticas de los inversionistas concuerden con las normas internacionales de derechos humanos en lo que se refieren a los derechos de los pueblos indígenas”.

 

​Vicky Tauli-Corpuz habla sobre derechos indígenas e inversiones

Dentro de este marco reglamentario que defina un menor impacto negativo de las inversiones en los derechos indígenas señalado por la Relatora, se encuentran las políticas internas de los bancos internacionales que financian las inversiones y proyectos en Latinoamérica, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Actualmente, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo BID que canaliza los préstamos económicos a pequeñas y medianas empresas del sector privado y público en agronegocios, energía, infraestructura, ganadería, producción de papel, entre otros, se encuentra construyendo sus políticas internas de salvaguardas ambientales y sociales.

Es allí donde deben entrar a tallar condiciones previas para la aprobación de préstamos a los proyectos, siendo el fortalecimiento de la vigilancia que realizan los pueblos indígenas crucial en ello, debido a que ayuda a prevenir vulneraciones a sus derechos en los territorios donde se realizan inversiones.

En ese sentido, Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) que participa en el 16° Foro Permanente en coordinación con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), pidió a la Relatora y los miembros del Foro Permanente que promueva el reconocimiento e institucionalización de la vigilancia indígena por parte de los Estados:

“Serían estos los mecanismos [la vigilancia y monitoreo indígena] que nos ayudan a recoger la información de primera mano sobre los casos más emblemáticos más significativos y los detalles de las vulneraciones de derechos; además fortalecer una línea de transparencia sobre acceso a la información, tanto en actividades extractivas como en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas”

Diego Saavedra pide el impulso al reconocimiento de la vigilancia indígena 

Vea también sobre nuestra participación en el 16°Foro Permanente:

Así, como parte de las propuestas presentadas al Foro Permanente, también se pidió que emita un pronunciamiento oficial hacia los Estados para que implementen estrategias de remediación ambiental y cultural a los pueblos por las afectaciones a sus territorios; que promueva la elaboración de informes regionales sobre la implementación de los derechos de los pueblos indígenas como el elaborado por COICA; que se elabore una base de datos global sobre los Defensores y Defensoras indígenas de los derechos humanos; que promueva la construcción de materiales y documentos de carácter didáctico que den cuenta los procedimientos, espacios y competencias con que cuentan los pueblos indígenas en el Sistema de Naciones Unidas para mejorar su participación; y la descentralización de las sesiones del Foro Permanente para asegurar mayor participación de los pueblos indígenas.