República Dominicana: Continúan denuncias a la empresa Barrick Gold por contaminación ambiental

Santo Domingo, noviembre 2017.- En marzo de 2017, movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil de República Dominicana, Guatemala y Nicaragua se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Audiencia Pública “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización en América Latina y el Caribe”. El objetivo de esta sesión era evidenciar cómo la vulneración al derecho humano al acceso a la información y la falta de transparencia de la información ambiental permite la vulneración de otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, vida y un medio ambiente sano, sobre todo en caso de proyectos extractivos.

AFECTACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA

En dicha oportunidad, se presentó el caso de la población campesina impactada por la Mineria Barrick Gold en la provincia de Sánchez Ramírez, zona de Cotuí. En dicha audiencia, los representantes de República Dominicana, señalaron “que las autoridades han sido débiles en fiscalizar el fiel cumplimiento de que las descargas de la actividad minera vayan acorde con lo que establece la normativa de República Dominicana, por lo que se viene contaminando los ríos y cuencas. De esta manera, se estaba  afectando el derecho humano al agua de la población”.

El pasado 26 de noviembre de 2017, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en coordinación con el Espacio Nacional para la Transparencia de Industrias Extractivas (ENTRE), visitó Cotuí y se reunió con los miembros del Comité Nuevo Renacer, quienes desde el 6 de noviembre se encuentran en huelga, ubicados en la puerta de las instalaciones de Barrick Gold.

Vanessa Cueto de DAR con pobladores y campesinos de la zona de Cotuí.

El motivo de dicha medida es en no cumplimiento por parte del Gobierno y la empresa de, la solicitud de la población de reubicar a 600 familias afectadas por la contaminación del agua  y amenazadas en su vida y salud por la presa de cola del Llagal, ubicada en la zona de influencia directa de dicho proyecto. Asimismo, reclaman por el pago justo de sus propiedades, se invierta en medio ambiente, producción agrícola y ganadera, al igual que obras en la comunidad, entre otros.

Dos veces a la semana, cada familia recibe agua embotellada de la empresa, la falta de agua limpia viene afectando no solo su derecho humano al agua, sino sus actividades agrícolas. Ante el peligro de contaminación, no cuentan con una fuente de agua limpia para poder cultivar sus tierras y por lo tanto producir frutos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN: UN DERECHO HUMANO

El tema de la transparencia y el acceso a la información ambiental son muy importantes para que las comunidades conozcan al detalle la información de los contratos y cómo se implementa y cumple el estudio de impacto ambiental (EIA). Por ello, es fundamental se realice una devolución detallada de la situación del cumplimiento de las medidas de impacto ambiental de la empresa, con altos estándares de transparencia. Lamentablemente, los miembros de las comunidades de la zona de Cotuí señalan no conocer las medidas de mitigación de los impactos socio-ambientales que debería realizar la minera.

A más de 20 días de los que lleva este reclamo, los campesinos y pobladores de la zona de Cotuí, solicitan al Gobierno dominicano se cumplan con sus demandas. Además exigen la presencia de miembros de la CIDH  en la zona.

El derecho al acceso a la información es un derecho humano, por ende, si no se garantiza adecuadamente, afecta a otros derechos como a la participación ciudadana, a la salud y a un ambiente sano, tal como sucede en este caso. Solo con información ambiental clara, oportuna y entendible la ciudadanía puede exigir de sus autoridades se garanticen sus derechos y se cumplan compromisos como los son los planes mitigación de impactos directos e indirectos, en una zona afectada por actividades extractivas. Por ello, la importancia que los países de Latinoamérica puedan mejorar los mecanismos para transparentar la información ambiental en el marco de proyectos extractivos y garantizar el derecho humano al acceso a la información.