DAR:: Derecho, ambiente y recursos naturales

Las reflexiones sobre derecho y diversidad cultural son necesarias en toda sociedad y, más aún, en sociedades multiculturales, plurilingües y donde existen pueblos originarios, como lo es el Perú.

La diversidad cultural, la interacción histórica de diversos pueblos, las migraciones, la geografía, la presencia de transnacionales, la complejidad de sectores y clases sociales, y la escasa presencia de los servicios públicos estatales –incluyendo al sistema de justicia- constituyen fuentes, entre otras, de la existencia de diversos sistemas normativos en el país y en la región. Tales sistemas coexisten en una relación tensa y compleja que da lugar a múltiples conflictos de interlegalidad en el nivel local, nacional y global.

Por ejemplo, en una comunidad donde el Estado ha otorgado una concesión a una corporación hidrocarburífera, nos encontramos con la visión y la regulación sobre el acceso al territorio y recursos naturales de la comunidad o pueblo indígena implicado, la regulación nacional, la regulación de la empresa transnacional, así como otras regulaciones internacionales, como la del Convenio 169 de la OIT, el sistema Interamericano de derechos humanos, las políticas del Banco Mundial, etc. No siempre dichas regulaciones y visiones coinciden, por el contrario, suelen ser divergentes y generan conflictos de interlegalidad.
Otro ejemplo donde se dan frecuentes conflictos de interlegalidad es en el caso de la actuación de las rondas campesinas, pues ellas aplican su sistema de justicia -alegando que ahora “tienen funciones jurisdiccionales” según la Constitución de 1993-, y para algunos fiscales y jueces ello constituye usurpación de funciones y secuestro, cuando los ronderos no quieren entregar a los abigeos capturados por ellos a la policía.

La antropología jurídica constituye una herramienta teórico-metodológica interdisciplinaria para pensar la relación entre cultura y derecho, el pluralismo jurídico, los conflictos entre sistemas y las diferentes visiones sobre el derecho que provienen de diversos referentes culturales. Investigaciones desde estos marcos teóricos permiten entender mejor la realidad, los sistemas normativos no estatales y los conflictos de interlegalidad, pero también aportan para que se den relaciones más democráticas y de entendimiento intercultural.

Cabe anotar que, a raíz de los cambios en el derecho internacional sobre los pueblos indígenas y reformas constitucionales ocurridas en el continente en las dos últimas décadas, se ha juridizado el reconocimiento de la diversidad cultural, los derechos indígenas y el pluralismo jurídico, incluyendo los propios métodos de control penal de dichos pueblos. Así por ejemplo, el Perú, como otros países de la región, ha reconocido en la Constitución (1993) funciones jurisdiccionales a autoridades de comunidades campesinas y nativas con el apoyo de rondas campesinas, para la aplicación de su propio derecho consuetudinario dentro de su ámbito territorial. Igualmente, el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989). Este tratado internacional reconoce derechos colectivos e individuales, incluyendo derechos relativos al territorio, la definición de sus prioridades de desarrollo, al control de sus instituciones y su propio derecho consuetudinario. La legislación secundaria, la jurisprudencia y las políticas públicas no han desarrollado de modo suficiente estos nuevos derechos debido a las resistencias de los poderes materiales y al lento cambio de la cultura jurídica de los operadores de justicia y usuarios. A ello se debe que, por ejemplo, todavía haya muchos casos de campesinos ronderos procesados por usurpación de funciones cuando ejercen funciones de justicia, o que haya una alta conflictividad en torno a actividades extractivas debido a la falta de consulta. En otros países, como Colombia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho grandes avances en cuanto a la protección de los derechos indígenas y la jurisdicción especial.

De ahí la necesidad de hacer un balance de los avances producidos en la implementación de derechos y en la reflexión académica en el Perú, y de posibilitar espacios de intercambio entre la comunidad académica, dirigentes indígenas, operadores de justicia y otros actores sociales interesados.