DAR:: Derecho, ambiente y recursos naturales

Conclusiones del Congreso

Eje temático de Pueblos Indígenas, Recursos Naturales y Medio Ambiente

Mesa 4. Derecho a la Consulta Previa: Tensiones normativas y políticas
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1.	Se requiere buscar y evaluar mecanismos legales que permitan incidir
	en la implementación del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada como derecho y principio para la formulación de planes, propuestas y políticas públicas, así como la ejecución de acciones jurídicas que efectivicen este derecho ante posibles vulneraciones al mismo.
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2.	Los Estado y la sociedad deben entender el caracter de la
	obligatoriedad de los derechos colectivos y, en especial, de la consulta; teniendo en consideración estos derechos colectivos en los procesos de planificación local, regional y nacional.
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3.	Es necesario mejorar la gestión ambiental y social de las actividades
	extractivas y, en ese marco, implementar mecanismos de monitoreo y vigilancia ciudadana con respecto a esas actividades.
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Mesa 5. Avances y Retrocesos de la Construcción del Concepto de Territorio Indígena
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1.	Los mecanismos de protección a los pueblos indígenas en
	aislamiento deben mejorarse a través de una institucionalidad estatal autónoma y descentralizada, así como a través de normas y procedimientos que consideren el principio de intangibilidad de sus territorios, hasta que estos pueblos decidan contactarse con la sociedad nacional.
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2.	Se debe continuar con la investigación sobre los elementos
	constitutivos de la visión del territorio indígena en los Andes y la Amazonía que involucren el concepto de memoria colectiva y gestión de los recursos naturales, entre otros elementos.
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Mesa Nº 6. Recursos naturales y actividades extractivas: Políticas Estatales y visión indígena
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1.	Las políticas públicas actuales muestran una desarticulación con
	respecto a los derechos de los pueblos indígenas, en especial los relacionados al acceso a los recursos naturales.
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2.	Los procesos de globalización exponen los derechos indígenas a una
	falta de reconocimiento y, por ende, los derechos ambientales aparejados a éstos últimos; en este marco es urgente y necesaria una revisión de las obligaciones del Estado Peruano.
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