Pueblos indígenas exigen a Tribunal Constitucional responda demanda contra la ley 30230

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  • Se presentó informe especializado sobre la afectación ambiental de  la Ley 30230 

A un año de aprobada la Ley 30230 (conocida como “paquetazo” ambiental), Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) exigió a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se pronuncien respecto a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, presentada el pasado 9 de abril, la cual contó con el respaldo de 10 000 firmas. Asimismo, Henderson Rengifo, presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), indicó que los pueblos indígenas nunca fueron consultados sobre la norma, por lo que también solicitó que la demanda sea atendida con prontitud.

Por su parte, Rocio Silva Santisteban, secretaria ejecutiva  de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aclaró que los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil no se están en contra de las inversiones, solo que están deben respetar los derechos de todos los peruanos.

“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí, queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló la  Secretaria Ejecutiva de la CNDH.

SE PRESENTÓ INFORME ESPECIALIZADO SOBRE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DE LA LEY 30230

A su turno, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), mencionó ejemplos claros del debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley, como la problemática actual del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su labor fiscalizadora y sancionadora, “si le quitan la capacidad de multar, le están robando la esencia a la OEFA”. También se refirió de las presiones del organismo para que no reciba el aporte por regulación minera.

Otro ejemplo, sobre la afectación de Ley 30230 a la que se refirió Carhuatocto fue el proceso de debilitamiento en la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA), lo cual se empeora con los plazos que tiene que cumplir el funcionario evaluador, que de no cumplirse es afecto a sanción administrativa.

“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Empora la situación, si añadimos la carga laboral del trabajador público”, lamentó.

Estas observaciones forman parte del informe especializado que detalla cómo la norma afecta el medioambiente “La constitucionalidad de las medidas para la promoción de la inversión en materia ambiental de la Ley  N° 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos, permisos para la promoción y dinamización de la inversión del país), artículos 19 al 24” –elaborado por IDLADS– el cual fue anexado a la demanda inconstitucionalidad, el pasado 13 de julio.

El presidente de IDLADS también solicitó al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda", pues lo único que se pide es regresar al marco legislativo ambiental anterior y se respeten los principios de SEIA, asegurándose un ambiente sano y equilibrado.

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Estas declaraciones fueron brindadas en la conferencia de prensa La inconstitucionalidad de la Ley 30230 a un año de su aprobación organizada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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