Ojo con la licitación del lote 192

lote192

El 15 de agosto de 2015 concluye el contrato de Pluspetrol Norte para operar el lote 1AB, cuya tasación de bienes es mayor a los 346 mil millones de dólares. Para continuar la explotación de este lote, PERUPETRO lanzó el 14 de mayo la convocatoria pública de licitación del ahora lote 192, la cual espera concluir en julio (en menos de 2 meses) para continuar el trabajo de explotación con el nuevo operador.

Llama la atención de esta licitación: el tiempo record del proceso, bases que permitan participación de empresas sin experiencia técnica, no se exija actualizar o elaborar nuevos instrumentos ambientales acordes con la normativa vigente, y no quede claro quién y cómo se tratarán los pasivos ambientales y las obligaciones de restauración, compensación e indemnización socio-ambiental de las operaciones por concluir ¿o se espera que con nuestros impuestos se pague aquello que le corresponde asumir a la actual operadora?

La licitación también alentaría la participación de PETROPERU en las operaciones. De ser así se requieren reglas claras para que sea estratégica, responsable, transparente y rentable, sin subsidiar a privados.

A esto, se suman las expectativas de los pueblos indígenas en el proceso de consulta previa (que debió de ser antes de la licitación) y sus temores por su demora y efectividad. Resulta crucial asegurar este proceso, pues sus resultados los asumirán el Estado y el futuro contratista petrolero.

Recordemos que las actividades petroleras desarrolladas por más de 40 años en la zona han dejado una serie de vulneraciones de derechos a la población local, principalmente pueblos indígenas, además de pasivos ambientales y contaminación reconocidos por el Estado que aún no se resuelven. Todo esto genera desconfianza hacia las autoridades y descontento social hacia las operaciones petroleras, caldo de cultivo de conflictos.

Las inversiones anidan en un espacio territorial y no en una pizarra de análisis macroeconómico, por ello continuar operaciones en un lote con alta conflictividad socio-ambiental es un reto que debe ser afrontado por el Estado con inteligencia político-social creando un clima de transparencia y gobernanza, con un óptimo proceso de licitación y una visión de intervención integral en la zona.

Publicada en Diario UNO.