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New York, 27 de septiembre de 2018.- Hoy la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, señaló en entrevista exclusiva a DAR que un reto inmediato del sector Ambiente posterior a la firma de hoy del Acuerdo de Escazú es su implementación durante la elaboración del reglamento de la Ley de Cambio Climático.
“El proceso de reglamentación de Ley Marco de Cambio Climático es un buen vehículo para empezar a implementar un Acuerdo como este, pues justo hemos decidido hacer un proceso participativo, descentralizado, inclusivo”, señaló la Ministra. “Es un buen espacio para difundir e incorporar el componente de mayor participación, mayor integración de esta mirada intergeneracional, de esta mirada intercultural que debemos tener”, añadió.
Asimismo, se refirió a la importancia de la calidad de la información pública que se pone al servicio de la comunidad: “yo tengo que promover la participación de la gente, de la sociedad, para que me ayude inclusive a traducir información que es tan técnica, científica para que la comunidad la pueda entender porque no me sirve de nada tener acceso a la información si la forma cómo accedo a la información es desordenada, ininteligible y eso es parte de lo que tenemos que lograr”.
Sobre la firma del Acuerdo de Escazú, también se refirió Aída Gamboa, especialista de DAR: “Es un primer paso para la democracia ambiental y para la gobernanza, que contribuirá a la mejor gestión de los recursos naturales en proyectos extractivos y de infraestructura. El acuerdo es fundamental para la protección de los defensores ambientales y del territorio, en especial de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía, que son constantemente amenazados por proteger sus territorios. Además será fundamental para la fortalecer las acciones que viene haciendo el Estado peruano, como el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Pacto Ambiental de Madre de Dios”.
Recordemos que hasta el momento son catorce los países que se comprometieron con la información, participación y justicia ambiental, firmando hoy el Acuerdo de Escazú: Perú, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Haití. La segunda fase es que las legislaturas ratifiquen el Acuerdo para iniciar la implementación.