Por Ciro Salazar Valdivia
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
El 8 y 9 de abril último se llevó a cabo en Paraguay el Foro Anual entre el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) y organizaciones de la sociedad civil. En el evento, al que asistió DAR, se omitió un tema clave: el proceso de revisión de las salvaguardas sociales y ambientales del Banco para el financiamiento de proyectos y políticas, que su propia Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) recomendó en un informe de 2018.
Esta omisión preocupa; sin embargo, el BID tiene que abrir los canales de comunicación y participación adecuados para recibir los aportes de sociedad civil para la revisión de sus salvaguardas, tanto en su plan de consulta como en las acciones de seguimiento.
Una de las preocupaciones respecto a este proceso tiene que ver con los préstamos de políticas a países de la región, bajo el rubro Reforma y Modernización del Estado -que al 2017 totalizaron US$ 15,820 millones- y que el BID suele considerar que no requieren salvaguardas pues no ocasionan impactos detectables.
No obstante, bajo estos préstamos el Banco ha financiado reformas normativas y de política, en Colombia y México por ejemplo, que han tenido como efectos profundizar la dependencia de estas economías en el sector hidrocarburos y minero, e incluso poner en tela de juicio mecanismos de participación ciudadana para decidir la ejecución de proyectos, como las consultas populares en Colombia.
Por otro lado, y tal como lo señala el informe del OVE, el BID carece de salvaguardas en aspectos como desplazamiento económico, grupos vulnerables, cambio climático y condiciones laborales, entre otros; y otras las aborda de manera deficiente como la consulta previa a los pueblos indígenas, la evaluación social y aspectos de legado cultural. Asimismo, identifica preocupantes brechas financieras y operativas para la supervisión de la implementación de sus salvaguardas en proyectos.
De acuerdo a un informe elaborado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), al comparar las salvaguardas del Banco con un sistema de salvaguardas con altos estándares internacionales y de respeto de derechos humanos, el nivel general de cumplimiento del BID alcanzó solo el 45% y del BID Invest, 64%. Queda claro que se requiere un proceso de revisión con carácter de urgencia.
El trasfondo del evento mencionado al inicio de este artículo, denominado “El Futuro del Trabajo”, estuvo más bien enfocado a los cambios que imponen las nuevas tecnologías en la llamada Revolución Industrial 4.0., aunque sin abordar temas de fondo, como las propuestas de un salario mínimo universal, los derechos laborales y compensaciones sociales, entre otros.
Finalmente, junto con la necesidad de abordar las observaciones realizadas por el informe del OVE, desde sociedad civil planteamos al Grupo BID cinco recomendaciones que consideramos básicas para la realización del proceso de revisión de sus salvaguardas : 1) publicar la hoja de ruta del proceso así como al borrador de la revisión de políticas para que reciba, desde esta etapa, aportes preliminares de sociedad civil al documento que será sometido a consulta; 2) solicitar recomendaciones al Mecanismo Independiente de Consultas e Investigación (MICI); 3) generar un espacio de diálogo sobre este proceso en el marco de las reuniones anuales del Grupo BID (previstas para julio en Guayaquil); 4) preservar la integridad e independencia de su Unidad de Salvaguardas y mantener la responsabilidad de supervisión e implementación; y 5) la necesidad de contar con un marco unificado de salvaguardas al que se sometan tanto el BID como el BID Invest.